Alfonso Portillo, como aspirante a la Presidencia, fue uno de los que más vociferó para denunciar  los abusos que se habían dado ante la ola privatizadora en la que había incurrido la administración de Álvaro Arzú, aunque eso rápidamente se desvaneció y lo borró con la otra mano, porque   su gobierno quedó en la historia nacional como uno de los más corruptos. De hecho, varios de los funcionarios de diversas instituciones de aquella época debieron enfrentar a la justicia por el mal manejo de los recursos públicos.

La administración de Óscar Berger no se quedó atrás y continuó piñatizando los bienes públicos, casi bajo la percepción de una total indiferencia de lo que sucedía a su alrededor, pues fue la etapa en la que muchos de sus amigos empresarios tomaron el control de procesos administrativos.

Tampoco se debe olvidar que de esa época datan los casos denunciados sobre limpieza social, y el más emblemático fue la toma de un penal, por lo cual se persigue a algunos de sus  funcionarios.

En una sucesión de imparable corrupción le llegó el turno a un gobierno que se autocalificó de socialdemócrata, y para ello se pusieron en marcha iniciativas de apoyo social a comunidades supuestamente desprotegidas, pero eso nunca se llegó a ejecutar plenamente con ese sentido y, de hecho, en muchos otros escenarios  empezó a acrecentarse un clientelismo infame, con la pretensión de buscar más adeptos para futuras elecciones, lo cual tampoco les  funcionó, pero paralelamente se acentuaba la manipulación para adjudicar compras para el Estado.

Ese modelo llegó a acentuarse de manera infame con la compra de insumos médicos para el sistema de salud nacional, y el mismo sirvió de modelo para que el actual gobierno lo refinara a tal punto que lo convirtió en un virtual pleito de clanes, para dejar a un lado a los que no eran de sus simpatías y colocar a quienes eran más proclives al oficialismo y que a la vez  pudieran compartir los beneficios de millonarios contratos en el Ministerio de Salud y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en muchos casos con adquisiciones que ni siquiera eran las más adecuadas para los pacientes.

Es indudable que el mayor desprestigio recae sobre la administración naranja, que durante sus casi tres años de mandato  ha llevado las compras públicas a niveles intolerables, donde se burlaron los procedimientos legales para las adquisiciones y se volvió prácticamente inútil el uso de Guatecompras  porque las adquisiciones por excepción se volvieron la regla. Viendo que la  degradación de nuestro sistema continúa en picada, solo cabe preguntarse: ¿qué nos depara el siguiente cambio de gobierno?