Prensa Libre

La Corte de Constitucionalidad recibió la solicitud de un amparo sobre la base de que de los 42 artículos de la ley que impulsa el Gobierno, 34 están sujetos a enmiendas, y ordenó a la vez un informe circunstanciado dentro de 48 horas, del cual depende que el trámite sea enviado a la Comisión de Agricultura del Congreso, como paso previo a que llegue al pleno para su aprobación.

Ambas partes, empresarios del agro y grupos campesinos, no pueden justificar el desconocimiento o el reto a las leyes. Quienes señalan que durante más de 10 años han esperado respuestas, no pueden ahora exigir que la normativa sea aprobada sin una discusión previa ni criticar a sus adversarios por hacer uso de las instancias legales. Por su parte, los señalamientos de que se trata de una reforma agraria solapada o directa deben ser justificados, para que no se les considere como un resabio de posiciones ideológicas propias de otras décadas pero ya inconvenientes según las circunstancias actuales, tanto del país como del mundo.

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es el resultado práctico de las exigencias del Ejecutivo para que la ley sea aprobada. Tales presiones, de hecho, afectan al Gobierno, porque lo señalan como irrespetuoso de la independencia de los diputados, pero además abren la puerta a sospechas de que el apoyo de las bancadas de oposición se debe a algún tipo de contubernio o a que ha habido chantajes políticos.

Es importante señalar que en varias ocasiones, durante las décadas pasadas, el Gobierno ha adquirido fincas privadas para parcelarlas y entregarlas a los campesinos. Sin embargo, por el tamaño tan reducido de esos pedazos de tierra, no han podido cumplir con el cometido de convertirse en pequeños propietarios capaces de mejorar tanto su situación alimentaria con el producto de la tierra como su situación económica con la venta del excedente del fruto obtenido. Como consecuencia, ha sido obligada la venta de las parcelas, y con ello la demostración del fracaso total o parcial de lo planificado.

Con el objetivo de evitar un nuevo traspié en sus propuestas, el actual gobierno necesita actuar de manera conciliatoria, convencido de que la ley propuesta es perfectible y no se puede actuar de tal manera que los recursos de inconstitucionalidad planteados y ganados la hagan derrumbarse y con ello se contribuya al equivocado criterio de que es válido soslayar requisitos con el fin de terminar con injusticias o con aplicaciones retorcidas de la ley.