
La controversia sobre Laguna del Tigre se calienta alrededor de lo legal y lo económico, lo que más interesa a la mayoría. Está claro que la prórroga y ampliación del contrato 2-85 es ilegal, pues transgrede la Constitución y varias de nuestras leyes, pero eso parece pesar poco en el ánimo de los funcionarios de un país donde el sistema de legalidad les vale madre porque es un fracaso total, situación que favorece a los intereses de ciertos sectores. El tema económico es más difícil y confuso. Sería ilógico negar que los fondos que recibe el Gobierno por la explotación petrolera en Laguna del Tigre son importantes. Así como es perverso pretender que la entrega de nuestros recursos, como se está haciendo, es un buen negocio para nuestro país.
Guatemala podría aprovechar bien sus recursos y beneficiar más a su población, pero quienes dominan la explotación quedarían fuera del negocio, y eso, por supuesto, no les interesa. A juzgar por los comentarios de los lectores, ya es vox pópuli que los réditos de la explotación de recursos no renovables —como el petróleo o el oro— difícilmente benefician a la población guatemalteca, entre corrupción y corrupción. El tema más difícil de dimensionar y el más crucial es la importancia de un área natural como Laguna del Tigre. Así como hay que tener en cuenta que el contrato 2-85 fue signado durante un gobierno de facto, cuando no había régimen de legalidad en Guatemala, y que —a pesar de eso— se respetó el contrato hasta su final, hay que tener en cuenta la crítica situación ambiental planetaria actual, y porqué se designó a Laguna del Tigre como una de las áreas protegidas con más respaldo legal.
La debacle ecológica planetaria es una de las amenazas más graves que hoy enfrenta la humanidad, y el cambio climático es uno de los síntomas más visibles del desequilibrio de la Tierra. Guatemala está considerada como el cuarto país más vulnerable a los embates del cambio climático en todo el mundo. Es imposible negar el cambio climático, estrechamente vinculado con la quema de hidrocarburos, cuando estamos sufriendo, cada vez más, sus consecuencias. Vale la pena recordar que los únicos amortiguadores que tenemos para disminuir los efectos del cambio climático son los ecosistemas naturales; en nuestro caso, la mayoría se encuentra dentro de las áreas protegidas. Si se saca y quema todo el petróleo, carbón y gas que todavía queda, el cambio climático se dispara. Por eso hay que dejarlos bajo la tierra en los lugares que son más sensibles, ambiental y socialmente. Ese es precisamente el caso de Laguna del Tigre.
Vivimos en un tiempo esquizofrénico, cuando los más responsables por la destrucción ecológica no le ponen límite a su desmedido consumo. Pero se pueden hacer las cosas de manera diferente: Ecuador, país petrolero cuya población más vulnerable, los indígenas de la Amazonía, ha sufrido lo peor de la explotación del crudo —y que hoy está demandando a Chevron-Texaco por US$27 mil millones para la reparación de daños sociales y ambientales— y ha decidido dejar bajo tierra el petróleo del parque nacional Yasuní. Solamente así se contribuye efectivamente a frenar el cambio climático, se protege a las poblaciones locales y a las generaciones futuras. Así que, si vamos a explotar petróleo, que los beneficios sean para Guatemala, y que sea únicamente fuera de las áreas protegidas. Porque a nosotros la Vida no nos vale madre.
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