Prensa Libre

KAJKOJ MáXIMO BA TIUL

sin mayores contratiempos las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que sin tomar en cuenta el bien común dan en usufructo el espectro radioeléctrico a las empresas que durante muchos años se han enriquecido obteniendo jugosas ganancias, siguiendo así, en manos del grupo Albavisión, del empresario mexicano Ángel González, los canales de televisión, sin importar que los pueblos indígenas, los jóvenes, los ancianos, los campesinos, las mujeres, carecen de espacios y de medios para dar a conocer sus pensamientos, sus ideas y sus demandas, estando así más lejos de democratizar los medios.

En ese mismo orden de ideas, mientras se reforma la anterior Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Desarrollo Rural 4084 no quiere ser aprobada por el Legislativo y, claro, porque seguimos teniendo un aparato estatal en manos de los grupos de poder como el Cacif, principalmente la Cámara del Agro. Poniendo al descubierto que los poderes del Estado, principalmente el Legislativo, carece de autonomía para legislar a favor de las mayorías desprotegidas y discriminadas.

No puede ser que los miembros del Cacif, en este siglo XXI, sigan pensando que aprobar una Ley de Desarrollo Rural es condenar al país al rezago y al atraso, cuando en realidad llevamos cientos de años de atraso desde que don Justo Rufino Barrios regaló tierras a diestra y siniestra a los ancestros de quienes hoy se oponen a construir un modelo de desarrollo para todos.

Tampoco es justo que digan que los indígenas y campesinos saldrán de la pobreza al construirles carreteras y otros edificios en sus comunidades, cuando hoy sabemos que para ir a las comunidades más lejanas ya se puede ir en cualquier tipo de vehículo, pero eso no ha resuelto el problema del hambre, la salud, la educación y la pobreza de la gente.

Por otro lado, si los miembros del Cacif siguen empecinados en defender su mala idea de desarrollo que es la “industrialización”, que ha creado más daño a los pueblos, seguiremos el camino al fracaso total.

Ante esto, el presidente debe vetar la reforma a la Ley de Telecomunicación, y los diputados al Congreso, si es que quieren rescatar la poca transparencia que tienen, deben aprobar de emergencia nacional la Ley de Desarrollo Rural, porque al no hacerlo seguirán siendo vendepatrias.