
La decisión del juez de alto impacto para iniciar el juicio en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, por genocidio y crímenes contra la humanidad, ha levantado nuevamente opiniones encontradas.
Lo cierto es que para las víctimas de genocidio, este momento es importante, porque después de 30 años un dictador, alguien que siempre justificó que la persecución que hacía contra la población guatemalteca era para terminar con el comunismo internacional, para defender la democracia y para cumplir con la ley, tendrá que ventilar ante la justicia ya sea su inocencia o su culpabilidad.
En un país en donde el “miedo” ha sido la constante para imponer opiniones políticas o para determinar quiénes son considerados enemigos o no, o para aplicar la ley de forma desigual. Donde nunca se ha recurrido al diálogo o al debate, para analizar o respetar diferencias ideológicas, sino que la constante ha sido la muerte y el salvajismo. Este momento es significativo, porque si lo conducimos bien y respetamos las decisiones del sistema de justicia, podríamos estar ante las puertas de conocer la verdad en definitiva.
Otro elemento importante, el miedo mismo a que hemos sido sometidos todos nos ha llevado a que unos no queremos conocer la verdad y otros porque pensamos que conocerla es para abrir heridas viejas. Esto nos ha llevado a negarnos el derecho de conocer lo que realmente pasó durante los tantos años de guerra y que por eso estamos propensos a repetir los mismos errores.
Por lo tanto, el juicio que se inicia por genocidio no es solo para ver a dos generales o más ante la justicia, sino para que comencemos a hablar ampliamente de genocidio y de los genocidas. Retomar la voz que se le ha sido negada a todo un pueblo masacrado, devolverle su palabra, es el paso necesario para revalorar la dignidad humana individual y social. Este es importante, no solo para recordar a quienes fueron muertos por la codicia y la barbarie, sino para buscar la justicia y no olvidarlos nunca.
Abrir juicio a alguien que tenía como responsabilidad la unidad nacional como jefe de Estado y la protección de los ciudadanos, como dice la Cicig, “es una clara señal para el pueblo de que ninguna persona puede estar por encima de la ley. Tarde o temprano la justicia debe aclarar los crímenes cometidos por cualquier persona, sin distingos de clase”, rango, etnia, etcétera.
Es un llamado de atención para quienes toman decisiones sobre la vida política y social de la población guatemalteca, que sobre todas las cosas, está la dignidad humana y que por ningún motivo debe ser denigrada. Como sucedió durante los años de guerra en Guatemala, en donde las fuerzas de seguridad del Estado, cumpliendo órdenes de autoridad superior, se dieron a la tarea de cumplir con los planes de exterminio de poblaciones y comunidades concretas.
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