Prensa Libre

ILEANA ALAMILLA

Felices, los alcaldes y la empresa; los primeros porque ven los quetzales volando sobre sus cabezas; los otros, porque sus dólares se irán a bancos extranjeros a cuentas de dueños y ejecutivos. Algunos pobladores también se congratulan porque ven posibilidades de trabajo. El país se pone de luto una vez más ante la ceguera y falta de patriotismo de sus dirigentes.

Algunos de los ministros razonaron su voto en contra y con ello salvan su responsabilidad y honor; expertos, académicos, ambientalistas y comunidad internacional intentaron vanamente disuadir a nuestro mandatario de cometer esa arbitrariedad que, además, es una violación a la Constitución y una actitud alevosa contra el medioambiente y los intereses nacionales. ¿Habrá intereses oscuros atrás de esta decisión?

El jurista Alejandro Sánchez, jefe del Área de Seguridad y Justicia del Instituto de Investigaciones y Análisis de los Problemas Nacionales de la Usac, señala en un análisis: “El Parque Nacional Laguna del Tigre tiene dentro de su territorio el Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido, bajo la administración de la universidad nacional. El principal pozo petrolero en producción (Xan-1) se encuentra ubicado en ese biotopo, es decir, en la zona núcleo del Parque”. Agrega: “de acuerdo al artículo 64 de la Constitución Política de la República, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables (...)”.

En la argumentación del abogado hay tres parámetros: el patrimonio natural es de interés nacional, así como su conservación, protección y mejoramiento; los parques nacionales son inalienables, y la Ley de Áreas Protegidas declara de urgencia y necesidad nacional la recuperación de las áreas protegidas existentes ya declaradas legalmente, que es el caso de Laguna del Tigre.

Nuestra Carta Magna en el artículo 97 regula la obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes de prevenir la contaminación del ambiente y de mantener el equilibrio ecológico. Por su parte, Francisco Castañeda, director del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecón), también de la Usac, unidad que por Ley administra el Biotopo que se encuentra en el parque Laguna del Tigre, recordó que la Universidad ya se pronunció sobre la ilegalidad de la ampliación del contrato petrolero en un área protegida. Jorge Cabrera, reconocido conocedor del tema, considera que ampliar el contrato es ir contra las normativas del país y que nadie es superior a la ley, ni siquiera el presidente.

Y hay algo muy comprometedor para el primer dignatario de la nación, quien ha argumentado que necesita los recursos. Diputados alemanes le hicieron llegar hace algún tiempo la propuesta de creación de un fondo compensatorio económico a cambio de no extraer petróleo en esa área protegida, con lo que su argumento se invalida.

Ahora ya violó la Constitución y tendrá que asumir las consecuencias. Menos mal que hay recursos legales para intentar recuperar nuestro patrimonio y evitar ese nuevo crimen ambiental.