Prensa Libre

El mencionado acuerdo está integrado por la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos, y fue instalado en el 2009, con toda pompa, en el Teatro Nacional, con la participación de los tres poderes del Estado. Sin embargo, sus magros resultados hacen que el cardenal Quezada lo califique de “una pérdida de tiempo”, y con ello deje claro que no vale la pena continuar con un esfuerzo que no tiene en realidad el apoyo político indispensable para lograr resultados tangibles y tranquilizadores para los diversos sectores sociales del país.

La tarea del G-4 es difícil y requiere no solo de voluntad, sino de un presupuesto adecuado. Los números no dejan lugar para equivocaciones: seis mil 398 personas murieron el año pasado, a causa de la inseguridad que asuela al país. No se puede exigir que esa dolorosa realidad sea arreglada en poco tiempo, pero sí que las autoridades gubernativas cumplan con los compromisos que van implícitos en la integración de una entidad de esa naturaleza.

Guatemala se encuentra muy necesitada de que ciudadanos notables, como quienes integran el G-4, se decidan a participar en calidad de testigos de honor, o de personas cuya tarea sea la de dar fe de las acciones de las diferentes instancias del régimen. El fracaso del G-4 con toda seguridad tendrá efectos insospechados, en el sentido de que la ausencia, en la práctica, de voluntad política del Gobierno hará que decaiga o desaparezca el interés ciudadano por participar en el rescate de la credibilidad del sistema democrático en sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La crisis institucional generalizada del país, que se ha venido desarrollando desde hace varios años pero que ha estallado en los actuales momentos, obliga a que la sociedad reaccione por medio de llamar a instancias que tienen como base fundamental la credibilidad derivada del buen nombre de las personas. Es una manera de practicar la “meritocracia”, basada en la confianza en los hombres y mujeres llamados a desempeñar esta tarea, no en que hayan sido electos, condición que es insoslayable cuando las circunstancias son normales, lo que no ocurre por hoy.

Para evitar que el colapso de la gobernabilidad se concrete, es necesario realizar un nuevo esfuerzo para que el G-4 no fracase. El Gobierno, y especialmente el Ejecutivo, es el llamado a actuar con responsabilidad, y sobre todo con eficiencia. Si para ello es necesario contar con la participación directa o indirecta de la Cicig, en esta nueva etapa, se justifican plenamente los esfuerzos que permitan no perder la oportunidad de iniciar el retorno a la confianza en las instituciones gubernativas.