La captura en distintas partes del país de 72 personas acusadas de vinculación con pandillas es una acción realizada por la Fiscalía y la Policía que despierta esperanza en un avance contra la impunidad. El terror que han sembrado los maleantes en el sector del transporte hacía necesaria una medida de esos alcances, la cual mostró una faceta novedosa de las fuerzas de seguridad.

Lo ejecutado el lunes demuestra que fue un trabajo importante, llevado a cabo con esmero y con responsabilidad en sus diversas etapas. Este tipo de acciones son vitales para que los ciudadanos comiencen a creer que existe la decisión de combatir a los extorsionistas de bajo y mediano nivel, no solamente a los grandes corruptos que actúan aprovechando su calidad de funcionarios de alto nivel, en connivencia con delincuentes de cuello blanco, nacionales o foráneos, cuya captura también es necesaria para el retorno de la confianza en el sistema de justicia.

Las extorsiones a pequeñas empresas del transporte colectivo, por ejemplo, no solo tienen grave efecto entre los propietarios, directamente alcanzados, sino entre quienes necesitan de ese servicio para dirigirse a sus trabajos o efectuar cualquier otra actividad personal que requiera trasladarse. Es de esperar que esta sea la primera captura masiva de delincuentes de este tipo, un hecho necesario porque numerosas organizaciones criminales han sembrado el terror en todo el país, no solamente en la capital.

Esta captura pone a prueba la capacidad del Ministerio Público de llevar casos sólidos ante los tribunales, y por eso fue vital el aporte judicial en esos operativos. El ejercicio de la justicia se debe apegar al Derecho, pero también es necesario tomar en cuenta el clamor popular para que las sentencias sean lo suficientemente severas y que el castigo corresponda a la gravedad no solo de los delitos, sino de la psicosis ocasionada por estos, que impactan sobre todo en los sectores más vulnerables.

Es un hecho que los delincuentes se han colocado en una abierta posición de reto ante el Estado y sus instituciones. En pocas palabras, no le tienen miedo a la autoridad porque están conscientes de que los testigos y los mismos operadores de justicia —personal de los juzgados, jueces y magistrados— se pueden convertir en sus víctimas. Esto no solo contribuye a que el sistema de justicia no funcione y cimente su desprestigio entre la población, sino también quede afianzada en la ciudadanía la idea de la indefensión.

Los recursos deben, además, estar dirigidos a reforzar las medidas de seguridad interna de los reclusorios, así como fortalecer los servicios de inteligencia, a fin de evitar motines y fugas, además de contrarrestar los planes de ataques a cualquier unidad de transporte o pequeño negocio. Cuando el MP encabezó este operativo se insistió hasta en el nombre, que era el Rescate del Sur, lo que implica que es apenas una parte de un problema mayor que también requerirá acciones similares para desarticular al resto de bandas criminales que hostigan a propietarios y usuarios de un sistema de transporte que se ha convertido en un calvario cotidiano.