Se venía diciendo tantas veces que el miedo desapareció y ya nadie temía sus fauces depredadoras. El lobo peludo de la corrupción, con sus tentáculos enquistados era una leyenda urbana.

Aquí todo podía pasar porque venía pasando desde siempre. Una bola de nieve corrupta agrandándose cada año, imparable, inseparable de la administración pública carcomiendo sus entrañas. ¿Y ahora de repente Cicig… nota…?

Durante años, no menos del 30 por ciento del presupuesto general de la nación se ha robado, despilfarrado, o como les gusta a los del Banco Mundial llamarlo: “Ejecución opaca”. Que quiere decir lo que todos sabíamos que venía pasando en la SAT, en las aduanas, y en toda la administración pública desde siempre. ¡Pero qué descubrimiento!

Docenas de agujeros en las fronteras, cientos de vistas comprometidos, docenas de jefes de aduanas, mafias sindicales incrustadas en puertos, aeropuertos, decenas de miles de usuarios que tenían, y aún tienen, que pasar por la puerta de la coima saludando al rey o no pasa nada. ¡Por décadas!

Al día de hoy, si quieres un contrato ganado a pulso en cotización pública, tienes que “caer muerto” con el 25 por ciento por adelantado. Si quieres que te paguen una vez terminado el contrato —que te lo sudaste con tu propio esfuerzo, sudor y trabajo— tienes que “caer muerto” con otro 25 por ciento. O no sale el cheque y te vas a la bancarrota porque ya tienes empeñado hasta el calzoncillo en el proyecto.

Si quieres competir en una licitación millonaria, la letra pequeña tiene enredos y trampitas, y en no pocas licitaciones gana la que no necesariamente es la mejor ni la más barata; ejemplos recientes y pasados abundan.

Qué bueno y conveniente que la Cicig —siete años después y a un pelo de sentirse desaforada— haya decidido descubrir el agua azucarada.

Pero el problema es sistémico y se debe atacar el fondo, no la forma. Hemos venido escribiendo sobre este tema durante años.

Se debe transparentar el gasto en infraestructura y aduanas vía la contratación de una verificadora internacional que “certifique, precio, calidad, cumplimiento de estándares y cláusulas contractuales en toda obra que salga a licitación y en toda mercadería que ingrese al país sujeta al pago de impuestos.

Mala noticia sería para las mafias, habría cabildeadores untando manos y repartiendo dulces para que no se lleve a cabo, pero es la única manera de salirle al paso a la espantosa corrupción que desangra en un vergonzoso 30% del presupuesto de la Nación por medio del más opaco de los gastos públicos, el chanchullo, la coima, la mordida y cuanta triquiñuela se han ingeniado los buitres corruptos que desde hace “décadas” como parásitos chupan la sangre de nuestros recursos más vitales, quitándoselos a esos cientos de miles de niños desnutridos; esos programas para atender la pobreza extrema; esa infraestructura necesaria para activar las economías locales y ampliar mercados y potencialidades latentes; esos maestros adicionales para educar a nuestra juventud; esos jueces y policías para fortalecer el sistema de justicia y la seguridad; todo eso se podría hacer si el gasto no fuese tan opaco sino transparente, efectivo y eficiente.

Da pena —de esa que llora sangre y atormenta la conciencia del ciudadano pensante— al descubrir que nuestro país tiene enormes potencialidades, extraordinarias bendiciones naturales, climáticas, orográficas, minerales, hídricas, turísticas, pero se pierden porque el mayor desafío que enfrentamos es la bajeza moral y ética de los funcionarios públicos y un sistema decrépito. O sea, somos nosotros el problema, por no cambiar el sistema.

Y la Cicig se activa siete años tarde… ajá…

alfredkalt@gmail.com