Prensa Libre

Contra todo pronóstico, la jueza presidenta del Tribunal de Sentencia, Jazmín Barrios, se negó por la mañana a acatar la orden de la CC para devolver el caso al Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, justamente al momento procesal que se vivía en la fecha mencionada. Ante eso, los abogados defensores se retiraron y la juzgadora intentó infructuosamente obligarlos a regresar a la sala.

Por aparte, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público, se equivocó al emitir opinión y anunciar un juicio contra la jueza Carol Patricia Flores, del juzgado antes indicado. La sentencia de la CC se debe a que al haber un amparo pendiente de resolución definitiva, el juicio no debió haber comenzado. Ambos yerros pueden ser interpretados como un deseo de veredicto de culpabilidad y una presión contra los jueces.

Por la tarde, la jueza Flores notificó la nulidad de todo lo actuado desde entonces por los jueces Miguel Ángel Gálvez y Jazmín Barrios. Esta última indicó a la Prensa que actuaba así por orden de la CC, cuyo veredicto a favor del debido proceso merece reconocimiento porque es técnico-jurídico.

El criterio de la CC no puede ser descalificado porque va en la línea del cumplimiento de las normas para que los veredictos tengan bases legales, en especial en aquellos casos tortuosos, como este, y actúa antes de que hubiera sido dictada una sentencia que tendría que ser anulada por las mismas razones, y con consecuencias peores para el país.

El proceso regresa a la fase intermedia. No tienen valor las dolorosas y desgarradoras declaraciones de las víctimas, quienes deberán caminar otra vez el calvario encerrado en el constante recuerdo de lo sufrido. Los acusados darán su declaración inicial y el proceso deberá contemplar todos los aspectos que aseguran el balance, así como jueces que tengan en cuenta la importancia de que el sistema judicial salga airoso y no pierda para siempre la credibilidad que ahora le es tan esquiva.

Preocupa la polarización acentuada por los acusadores, que han arremetido contra el sistema judicial, y coloca en desventaja a los testigos de cargo. El dolor social derivado de este juicio pone al país ante un riesgo alto de conflictividad. Una parte acusadora irreflexiva puede concitar al enfrentamiento. Se debe reflexionar sobre cuánto cuesta obtener una sentencia a toda costa, atropellando la ley y el sistema de justicia. El nuevo juzgador deberá tener especial cuidado en que todos los requisitos sean cumplidos, sin presiones de tiempo o de cualquier otro tema, tarea en la cual todos los ciudadanos deben estar interesados.