Recientemente leímos algunos datos sobre la cantidad de millardos que el Estado le debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la pregunta es: ¿Qué se hizo ese dinero? El aporte que por ley le tiene que entregar al Estado se provisiona todos los años, pero nunca hemos visto a gerentes ni presidentes de la institución denunciando públicamente la falta de pago de parte del Gobierno y mucho menos a un Ministerio Publico investigando qué destino tuvieron los fondos. Hoy sabemos que los servicios del IGSS son cada día peores y miles de personas esperan sin esperanza su turno para un tratamiento, una cirugía y hasta una medicina. La cobertura del Seguro Social se limita a unos pocos departamentos y los enfermos tienen que viajar desde recónditos lugares a esta capital, para recibir la respuesta de un prepotente empleado; —Venga la otra semana— porque o no hay cama o no hay medicina, o hace falta algún dispositivo para realizar el tratamiento. Los pacientes deben llevar su papel higiénico, botellas de agua y otros enseres que los hospitales deberían proveer.

Ante esta cruda realidad no vemos vociferar a los sindicatos de las diferentes dependencias del Estado en apoyo a los trabajadores que dicen representar, ni a los defensores de los derechos humanos ni a la comunidad internacional que dice apoyar a los más vulnerables. Sencillamente el tema no les interesa.

Al igual que en el IGSS, en muchas dependencias del Estado se hicieron compras y contrataciones, para los cual se asignaron fondos en el presupuesto de la Nación. Hoy resulta que ni a proveedores ni ha contratistas se les cancelan las deudas. Resultado de ello, carreteras destrozadas, hospitales desabastecidos, escuelas en estado lamentable, mientras se gastan sumas millonarias en personal innecesario, boato vehicular, viajes inútiles.

Oímos con frecuencia que a alguien le deben 25 millones, a otro 40, a otros cantidades similares. Dicen en Tesorería que ya dieron la plata. ¿Y entonces’ ¿Dónde está?

Todos los años les llegan a tomar medidas a los policías para sus uniformes y botas. ¿Cuáles uniformes y cuáles botas? Como decía un proveedor de combustibles hace varios años, el negocio está en no entregarlo, allí que mire el agente cómo le hace y lógicamente ya sabemos cómo le hace.

Desgraciadamente la corrupción parece imparable, los registros sanitarios no salen ni a patadas para alimentos, medicamentos, ya sea para humanos o animales. Ahora para construir algo, además de la eterna licencia de construcción, hay que obtener autorización del Ministerio de Ambiente y, además, de Salud Publica, lo que aumenta los trámites burocráticos y lógicamente abre la puerta a la corrupción. Por el mismo camino van las marcas y patentes y cuanto trámite haya que hacer.

Volviendo al IGSS, ya debería ir pensando el Congreso en legislar para descentralizarlo, como es en muchos países, donde el usuario tiene la opción que mejor la parezca, tanto para colocar su fondo de pensiones como para obtener los servicios de salud; pero, eso sí, esa es mala palabra para todos los sindicatos que funcionan en el Seguro Social.

La verdad es que los directivos que guardan prisión por el caso Pisa no son responsables de una mala capacitación por aplicar un sistema que se aplica en muchos países, las baterías se deberían enfilar a todos aquellos que por años han despojado al afiliado de los beneficios a que tiene derecho y como consecuencia ha habido mucho más muertes que los afectados por el tratamiento renal, pero eso es parte de todo aquello que no se investiga.

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