PUNTO DE ENCUENTRO

Bajo la lupa

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El ejercicio de toda profesión implica responsabilidades, sobre todo cuando de por medio hay implícitos derechos. Ese es el caso del periodismo. Los medios de comunicación cumplen una función social que se enmarca en los derechos de libertad de expresión, de comunicación e información, todos reconocidos como derechos humanos. De ahí la importancia de un ejercicio periodístico basado en la ética y respetuoso de otras libertades y derechos.

En las últimas semanas, en Guatemala han ocurrido algunos hechos que nos obligan a reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. No se trata de cuestionar la libertad de expresión, bastión inobjetable de la democracia, pero sí de señalar cuando en nombre de esa libertad se cometen abusos, arbitrariedades y se violan otros derechos.

La publicación de un meme en la sección el Peladero del diario elPeriódico, que hacía referencia a la preferencia sexual de un funcionario de gobierno, llamándolo “maricón”, es un ejemplo muy claro del abuso de la libertad de expresión. Este tipo de publicaciones que incitan al odio, a la discriminación y fomentan estereotipos no deben tener cabida en los medios de comunicación y, sin embargo, permanentemente se reproducen en espacios de prensa, radio y televisión. Como bien señaló el PDH: “No puede transgredirse el derecho al respeto y la dignidad de las personas basados en una libertad”.

Bajo ningún concepto la crítica hacia un funcionario/a puede realizarse con base en su preferencia sexual, su manera de vestir o su aspecto físico; y sin embargo las mujeres y las personas homosexuales que ejercen una función pública se ven constantemente asediadas por notas de este tipo, que nada tienen que ver con el cargo que desempeñan. La misoginia y la homofobia —como el racismo— debieran estar fuera de la agenda de los medios y de la cobertura periodística.

Otro hecho de especial relevancia fue la nómina de periodistas deportivos que estaban a sueldo en la Fedefut y al mismo tiempo se desempeñaban como comentaristas o analistas en diversos medios. Más allá de la investigación que el MP debe realizar sobre la posible comisión de delitos, la cuestión nos remite a la ética en el ejercicio de la profesión.

Está claro que se violan los más elementales principios cuando un periodista al que el público considera “independiente” emite una opinión o un criterio que en realidad está sesgado porque recibe dinero de una entidad a la que obviamente no va a criticar o se ve obligado a beneficiar y defender. No se trata de que a una persona le sea vedado el derecho a ejercer la profesión en dos o más lugares, sino del conflicto de intereses que se genera cuando uno de los empleos le condiciona su actuar y le hace cometer “fraude” de cara al público.

Por supuesto que esta práctica no es exclusiva de los “expertos” del futbol, hay periodistas/editores/directores que al mismo tiempo ejercen como responsables de comunicación o relaciones públicas de empresas/instituciones que generan información y debate —las industrias extractivas, por ejemplo— y lo hacen sin que el público sepa que la información y/o el análisis que trasladan están —por lo menos— influenciados por un interés particular o por un beneficio económico.

Todas las personas somos producto de nuestra historia, del contexto en el que hemos vivido, los valores y la ideología que nos han inculcado, y eso permea la manera en que pensamos y nos expresamos, no es eso de lo que hablo; sino de la compra de voluntades, los sobresueldos y las fafas, que no son otra cosa que corrupción y tráfico de influencias. La batalla por la transparencia no es ajena al ejercicio del periodismo.

@MarielosMonzon

ESCRITO POR:

Marielos Monzón

Periodista y comunicadora social. Conductora de radio y televisión. Coordinadora general de los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP). Fundadora de la Red Centroamericana de Periodistas e integrante del colectivo No Nos Callarán.