De lo que no hay duda es que en este entuerto hay muchos responsables, empezando por el Registro Nacional de las Personas, que no pudo lograr en tiempo, pese a una prórroga, que nadie quedara sin su debido documento de identificación, y ahora se habla de que al menos hay unos 700 mil documentos de identificación personal en espera de ser recogidos, pero también se cita el caso de otros tantos miles con información inexacta o mal consignada, e incluso casos inverosímiles en apellidos que debieron ser corregidos de inmediato.

Cierto es que también intervino la idiosincrasia guatemalteca, que deja las cosas a última hora, pero hasta en esta circunstancia debió ponerse atención, para colocar las fechas límite en meses ordinarios y no precisamente para la época de fin de año, en que los días en esta época literalmente se vuelven más cortos, pues a las prisas navideñas se suman los asuetos, y en esas condiciones difícilmente una entidad podría atender la ingente demanda de registros, correcciones y entrega de documentos.

Sin embargo, la demora afecta incluso a quienes ya consiguieron hacer el trámite en estos días, pues el plazo de entrega es de tres semanas, en el mejor de los casos, lo cual quiere decir que aún y cuando se logre la inscripción y la emisión del DPI, la persona será literalmente “nadie” hasta entrado el mes de enero, tiempo durante el cual se le vedará efectuar cualquier trámite ordinario, desde cambiar un cheque, hasta inscribir a un hijo en el mismo Renap. Por ello es que las presiones de última hora también van en aumento para que se logre darle un plazo perentorio a la obsoleta cédula, porque un Estado por ninguna razón se puede dar el lujo de dejar sin identificación a miles de personas, algo que resulta inconcebible.

De no lograrse la prórroga, no solo se estaría colocando a miles de guatemaltecos en un limbo legal, sino que se estarían incluso violando sagrados principios universales que además están garantizados en la Constitución, entre estos el derecho a una identidad, sin contar los casos de quienes no tienen ninguna culpa en los errores que aparecen en sus documentos, ya sea por la incapacidad de los registros civiles que dejaron yerros sin aclarar o por las diversas situaciones que en todo conglomerado se genera.

Finalmente, la responsabilidad queda en manos del Congreso, que se encuentra inmovilizado por una estéril pugna entre el Ejecutivo y un partido opositor. Ambos se precian de velar por los intereses nacionales y se inculpan de mantener entrampada la agenda en el Congreso, pero en ambos casos las acciones han sido elocuentes y aquí nadie se salva, mientras se ven afectados los intereses del ciudadano de a pie.