CATALEJO

Cambios provocan más preocupaciones

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EL ANUNCIO DE LA DECISIÓN DE iniciar el proceso de un cambio casi total a la Constitución Política de Guatemala ha comenzado a ser el motivo de sugerencias de analistas, columnistas y representantes de sectores sociales. Me parece positivo, y al mismo tiempo afianza mi criterio de no encarcelar la aceptación de las propuestas en un calendario rígido y, sobre todo, demasiado corto. Ciertamente debe haber un límite de tiempo, pero no de un par de días, y en algunos casos un día, en cada una de las regiones a donde serán llevadas. Y ciertamente también debe haber una claridad y aceptación absolutas de los mecanismos y razones para explicar la forma como fueron escogidas las personas participantes en las discusiones.

LA PRINCIPAL TAREA al inicio es precisamente decidir sobre estos dos temas. El calendario es muy corto y se le puede calificar de precipitado. Por aparte, se debe trabajar con ahínco para lograr de la sociedad representada en sus diversos sectores, la decisión de presionar y lograr el imprescindible acuerdo con el Congreso para convertir a la aprobación de los cambios en un ejercicio de trámite. No puedo imaginarme siquiera a los diputados Manuel Giordano, Javier Hernández, Laura Franco o Stella Alonzo, entre otros muchos, con la posibilidad de decidir cambios constitucionales. ¡Por favor! Ese miedo casi cerval es compartido por buena parte de la ciudadanía interesada en mejorar, no empeorar, las cosas, como claramente ocurriría.

EL PACTO DELE LOGRARSE PORQUE, de lo contrario, el resultado será tan malo como algunos de los cambios a la Ley Electoral decididos por el pleno. Los impulsadores de los cambios constitucionales, es decir el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, necesitan comprender la importancia de ese pacto político, para no arriesgarse a apadrinar un texto utilizado como pretexto para introducir enmiendas nocivas no incluidas en la propuesta. Ya pasó antes, con las reformas de 1994. No es paranoia política, entonces. Se deben tomar en cuenta sugerencias de grupos académicos o cívicos, uno de los cuales —Pro Reforma— logró reunir hace ocho años alrededor de 73 mil firmas de ciudadanos.

EXISTE OTRO TEMA, AL CUAL no parece habérsele dado la importancia debida. Me refiero al lenguaje, al uso de las palabras adecuadas para evitar ambigüedades e interpretaciones diversas. Al empleo de los vocablos en su real y único significado, a la presentación de los conceptos constitucionales en frases cortas, directas. Esta tarea de explicación e interpretación puramente lingüística de lo escrito por los abogados y los equipos redactores de los textos debe ser realizada por alguien conocedor del idioma, empeñado en conocer y calificar la forma del texto, no su contenido. Es posible y sobre todo necesario llamar a la puerta de la Academia Guatemalteca de la Lengua, máxima autoridad del idioma español, es decir el oficial del país.

LA CLARIDAD IDIOMÁTICA no pelea con los textos legales. Al contrario: los beneficia. Este aspecto trasciende la tarea de una simple comisión de estilo. No es estilo: es significado. Es cuestión de dejar claras las ideas y de usar palabras en su verdadero significado, y este es un asunto al cual deseo dedicar el Catalejo del próximo lunes, señalando algunos casos de textos legales cuyos términos alambicados contribuyeron a discusiones e interpretaciones innecesarias, causantes de problemas. Otro asunto importante es permitirle a quienes tienen válida y valiosa experiencia sobre textos constitucionales, dar opiniones y recomendaciones sobre qué hacer, y qué no hacer. Me refiero a los integrantes de la Asamblea Constituyente de 1984.

ESCRITO POR:

Mario Antonio Sandoval

Periodista desde 1966. Presidente de Guatevisión. Catedrático de Ética y de Redacción Periodística en las universidades Landívar, San Carlos de Guatemala y Francisco Marroquín. Exdirector de la Academia Guatemalteca de la Lengua.