Una de las peores amenazas contra la democracia y el estado de Derecho es una prensa acallada por el temor a las represalias. Por eso es un tema prioritario cerrar filas y mantener una postura independiente, crítica y solidaria con la ciudadanía, la cual no posee medios propios para tener acceso a las fuentes informativas y quien ahora más que nunca necesita estar informada.

El actual gobierno no ha sido precisamente el mejor de los aliados de la prensa y mucho menos de los periodistas que cubren las fuentes, restringiendo en innumerables ocasiones el acceso de los reporteros, quienes han visto limitado su campo de acción y su acceso al lugar de la noticia, en una abierta violación a la ley.

Ante esta actitud de secretividad extrema de actos oficiales cuyos detalles deberían ser de conocimiento público, es imperativo oponer y, más aún, imponer el Artículo 35 de la Constitución Política de la República sobre la libre emisión del pensamiento, el cual claramente ordena: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. Sin embargo, el equivocado concepto de manejar la cosa pública como si fuera un negocio personal, tan propio de políticos improvisados y marrulleros, ha prostituido por completo sus relaciones con otros estamentos de la sociedad.

Por eso resulta interesante la iniciativa de un grupo de medios y colegas periodistas para crear el foro Periodistas por Guate, el cual reúne a más de 15 medios y organizaciones de Prensa, con el apoyo de diversas instituciones, cuyo propósito es generar un ambiente de mayor seguridad para los periodistas. Esto es especialmente importante para quienes realizan su labor en el interior del país, enfrentando las peores condiciones y sin protección alguna contra las presiones de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Este foro, apoyado por la Cicig, el MP, el Procurador de los Derechos Humanos, la Oacnudh y otras organizaciones y medios informativos, pretende desalentar las acciones violentas contra los comunicadores y defender el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera veraz y objetiva. El goce pleno de este derecho es uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo cual también involucra a la población, la cual sin una prensa independiente se encontraría indefensa ante los abusos de quienes detenten el poder.

En una época tan convulsa como la actual, el ejercicio periodístico en libertad constituye una amenaza para aquellos grupos cuyas acciones ameritan investigación, denuncia y procesos administrativos y judiciales. No resulta fácil reclamar por esa violencia contra el ejercicio de una profesión cuya misión es buscar y encontrar la verdad. No es fácil en un país en donde a diario muere asesinada una veintena de seres humanos de diversa condición y origen. No se puede callar cuando las evidencias golpean la conciencia. Ni siquiera cuando se es amenazado de muerte, como sucedió con los colegas de Suchitepéquez. Por eso es preciso cerrar filas, para contribuir desde nuestros espacios a consolidar el esfuerzo nacional por la transparencia y la justicia.