Entre las consecuencias del descubrimiento de la red de defraudación tributaria dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, gracias a la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, y hecha pública el jueves recién pasado, se ha puesto de nuevo a prueba la eficacia del sistema legal en el país.

Esto se debe a que la jueza octava del ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, decidió a la medianoche de este lunes dejar libres bajo fianza a los principales acusados de la operación ilícita mencionada que fueron capturados por encontrarse en el país. Solo está libre el ex secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque es un prófugo internacional de la justicia cuyo paradero ha sido objeto de toda clase de especulaciones.

A estos se les fijó una fianza de 200 mil y 250 mil quetzales, lo que al ser analizado desde la óptica de la capacidad de pago de tal suma por personas cuyos ingresos legales no son suficientes puede resultar oneroso, pero cuando se habla de cifras millonarias de defraudación puede resultar ridículo, pues se constituye en un buen negocio.

El sistema de justicia de Guatemala ha sido objeto desde hace años de numerosas críticas, a causa de la larga serie de fallos controversiales porque no son justificables ni explicables. La reciente integración de las cortes Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones igualmente desató polémica porque fueron producto de acuerdos políticos.

En vista del interés nacional por el caso SAT, las autoridades judiciales deben explicar públicamente las razones que justifiquen la decisión de la jueza.

La continuidad de la Cicig en el país, mientras tanto, ha recibido nuevos adeptos, entre estos el secretario general de la ONU, la Unión Europea (UE) y los diplomáticos acreditados en Guatemala, así como el sector privado integrante del Cacif, mientras la Cámara del Agro decidió retirarse temporalmente de la Comisión Nacional contra el Contrabando.

Es claro que el presidente Otto Pérez Molina no debe dejar que pase más tiempo y declarar que solicitará la continuidad, porque ya no tiene sustento su criterio de que esta entidad ya cumplió con su misión, cuando los recientes hechos demuestran lo contrario.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral hizo lo correcto al multar con 456 mil quetzales a los partidos Patriota, Líder y Unidad Nacional de la Esperanza por haber realizado propaganda anticipada durante la Semana Santa, con el agravante de que fueron incluidas prácticas que usaron a la mujer como un objeto de placer sexual, todo lo cual quedó comprobado con tres mil 500 denuncias de ciudadanos en la página del TSE, por medio de Facebook, caracterizado por la inmediatez de la transmisión de mensajes.

Es importante también señalar la avalancha de críticas y sátiras emitidas a través de las redes sociales, lo que debería convencer al Gobierno y su vocero de que se trata de una crisis, la cual, por esa calidad, puede ser el inicio de un largo camino para recuperar la hoy perdida credibilidad en las instituciones oficiales, sobre todo por quienes las encabezan.