¿Necesitamos a la Cicig? Las respuestas a esas preguntas deben venir de usted. De cada ciudadano (a), utilizando su propio criterio y no de una campaña mediática financiada por el poder económico concentrado y promovida por los voceros de grupos interesados en que la Comisión Internacional contra la Impunidad se retire del país y reine la permanente impunidad, como ha sido la norma y no la justicia, que en Guatemala tristemente es la excepción.

Vale la pena reflexionar en un hecho que parece ser aislado, pero nos pone en contexto sobre la situación de un sistema de justicia débil, corrupto y cooptado en el país. Hace unos meses una mujer, electa magistrada de la CSJ, con mucha valentía decidió denunciar una serie de anomalías que se configuraron en los procesos de selección y elección de magistrados. Su denuncia pone en evidencia que el sistema en Guatemala, desde la elección de las más altas autoridades en materia de justicia, está corrupto. Si el mismo sistema tiene un cáncer enquistado en su raíz, ¿cómo pretendemos endógenamente erradicarlo? Uno esperaría que los jueces verdaderamente comprometidos con la justicia se unieran a las denuncias y a la corrupción interna del sistema; sin embargo, el miedo, la conveniencia o la traición se hacen presentes y hoy vemos a grupos privilegiados aplaudir que las cosas en el país se mantienen como históricamente se han mantenido, con el agravante de que hoy existen problemas mucho más profundos en materia de delincuencia, seguridad, justicia y libertad.

La función de la Cicig consiste en acompañar en las investigaciones, colaborar en la desarticulación de aparatos clandestinos que tienen al pueblo de rodillas y que se encuentran muchas veces en altas esferas de poder. En el proceso, se buscaría fortalecer al sistema de justicia en el país. Proceso que, por su propia naturaleza, no es inmediato y requiere de voluntad interna. La Cicig no tiene como mandato sustituir al MP, mucho menos que el país dependa de tal. Sin embargo, cuando existen denuncias como la de la jueza Escobar, la Cicig toma un matiz más relevante.

Una pregunta que se deriva ante este escenario es, ¿hasta dónde existe voluntad política desde las altas cúpulas hasta el ciudadano “de a pie” para realizar cambios estructurales en el país para que el cáncer de la impunidad no se siga enquistando y reproduciendo? ¿Qué señales y evidencia tiene la ciudadanía de que denuncias como la de la jueza Escobar son tomadas responsablemente? Así las cosas, al preguntarnos sobre la pertinencia de la Cicig, es decir, si necesitamos más de Cicig o no, la respuesta es clara: mientras magistrados como Claudia Escobar sean la excepción y no la regla, mientras siga existiendo impunidad y corrupción desde la forma en que se eligen jueces, mientras no exista voluntad interna de querer cambiar el status quo, de desarticular a los poderes que en Guatemala tienen secuestrada a la justicia y capturan a los organismos judiciales y establecen actores a su conveniencia, la Cicig podrá quedarse toda una vida, pero el cambio real de un Estado mercenario a un estado de Derecho no sucederá. La respuesta entonces, no es si la Cicig “quiere quedarse”, sino más bien, hasta dónde vamos a dejar de necesitarla.

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