El gobierno presidido por quien ahora es el alcalde capitalino obtuvo un préstamo de 50 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica, para construir esa carretera, que una vez terminada fue entregada en concesión por 25 años —que se cumplen en abril del 2023— a la empresa mexicana Marhnos, que debe pagar como regalía un escuálido uno por ciento de los ingresos. El resultado es que en 14 años, del 2000 al 2014, la empresa ha obtenido Q905 millones de ingresos y el Estado ha recibido la casi ridícula cifra de Q9 millones, equivalentes a un promedio de Q1 mil 761 diarios, mientras esa empresa obtiene ingresos por Q177 mil en ese mismo lapso.

Las concesiones tienen sentido cuando una empresa utiliza sus propios fondos o los adquiere en préstamo para la construcción de una obra que el Estado no puede hacer por falta de recursos. La firma recupera su inversión con el cobro de peaje, en el caso de carreteras, durante un determinado período. Un Estado debe escoger entre los oferentes a aquel que pida tiempo y cuotas ventajosas para el país.

Al final de los contratos de concesiones, las obras deben pasar a ser propiedad del Estado, que entonces se debe encargar de su mantenimiento.

Si bien en algunas ocasiones el Estado construye y la empresa privada se encarga del mantenimiento, entonces el pago por peaje debe ser muy pequeño. En un caso como el hoy comentado, todas las desventajas las sufren los contribuyentes guatemaltecos, porque de hecho son quienes con sus impuestos han pagado por el préstamo del Gobierno y por el uso de la autopista. La concesionaria construyó uno de los carriles de la ruta Escuintla-Puerto San José, pero por alguna razón no establecida aún son muy malas las condiciones físicas de esta y no corresponden con el contrato que firmaron el Estado y la compañía mexicana.

Es evidente que algo debe hacerse para evitar que las condiciones contractuales continúen como están, sobre todo porque se ha hablado de que el actual gobierno piensa dar en concesión otras obras similares. Quienes en tiempo de la concesión gobernaron al país y estuvieron a cargo del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas tienen la obligación moral de explicar por qué razones actuaron como lo hicieron.

Todo ocurrió cuando la región latinoamericana era sacudida por un huracán de privatizaciones, que en demasiados casos resultaron lesivas a los intereses nacionales. La idea de concesionar obras públicas en sí misma no es mala ni inadecuada, pero se convierte en esto último cuando las negociaciones son efectuadas sin sentido de responsabilidad para el país, lo que en demasiados ejemplos es producto directo de la corrupción.