Prensa Libre

Una de las instituciones que en Guatemala representa a esas clases humanas es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fundado mediante la emisión del decreto legislativo número 295 el 28 de octubre de 1946.

Nació con el propósito de dar una de las soluciones urgentes del Estado a las condiciones de atraso, miseria social y abandono que hasta entonces padecía la inmensa mayoría de la población guatemalteca.

El primer gobierno de la Revolución de Octubre de 1944 y el Congreso democrático de entonces se proponían como meta final dar protección mínima a toda la población del país, “ a base de una contribución personal proporcional a los ingresos de cada uno y de la distribución de beneficios a cada contribuyente o a sus familiares que dependan económicamente de él, en lo que en la extensión y calidad de esos beneficios sean compatibles con lo que el interés y la estabilidad sociales requieran que se les otorgue”.

Para lograr esos fines, la ley orgánica otorgaba al IGSS amplios márgenes de autonomía económica, jurídica y funcional. Sus primeras medidas estuvieron enfocadas a la atención de trabajadores del Estado, de las empresas privadas y sus familiares.

En sus 66 años de existencia ha dado cientos de millones de consultas y tratamientos gratuitos a los afiliados. Nunca otro gobierno concibió obra estatal de tan grandes alcances humanitarios, efectivos y eficaces en beneficio de las clases medias.

¿Qué debemos entender por clases medias?

No es fácil responder a esa pregunta, porque para ello se debe entrar en consideraciones económicas, políticas y sociales de amplio espectro.

Pero, se puede adelantar —sin entrar en definiciones técnicas— que los trabajadores del Estado y los de las empresas privadas son parte de una de esas clases medias. A los que se deben agregar trabajadores que poseen cultura universitaria, pero cuyos ingresos provienen de lo que les pagan patronos o empleadores. En otras palabras, todo el que desarrolla un trabajo en relación de subordinación y no vive de rentas propias.

Las clases medias se forman mediante un proceso de disolución constante, a partir de la clase media-media. Así, cuando un trabajador, manual o intelectual —el periodista, por ejemplo— logra una mejora sustancial en sus ingresos, deja la situación media y asciende a la alta. Otros, en cambio, padecen un proceso inverso. Su situación económica empeora y caen a la clase media baja o entran de lleno a los estratos de la pobreza y de la pobreza extrema.

La política gubernativa es vital. Cuando se subsume en una doctrina económica cuya aplicación crea millonarios y al mismo tiempo millones de pobres, el problema principia o se agranda. Privilegia a los primeros y disminuye los niveles de protección para los segundos, lo cual ahonda la desigualdad social.

Ese proceso es notorio. Mientras aumenta el número de personas sin vivienda o que viven en casas miserables, hay personas individuales y empresas que por su abundancia de capital pueden construir ciudades privadas o barrios privados.

Ante tal situación gran parte de la empobrecida clase media tiene pocas tablas de salvación. Una de ellas es el régimen de seguridad social.

Intentar privatizarlo o disminuir su eficacia solo puede tener un efecto directo: aumentar los niveles de pobreza en el país. Y eso apunta a una merma en las responsabilidades básicas del Estado, organizado para promover una sociedad en la que las desigualdades económicas, culturales y sociales desaparezcan.

Hay que hablar, además, de una permanente conspiración contra el régimen de seguridad social dirigida a privatizarlo, minimizarlo o destruirlo.