Aplaudo el operativo que realizaron la Cicig y el MP para desarticular La Línea, dedicada a la defraudación aduanera y contrabando, dirigida por Juan Carlos Monzón (achichincle y testaferro prófugo de la vicepresidenta Roxana Baldetti), Salvador González (directivo de Siglo Veintiuno), Francisco Ortiz, alias Teniente Jerez (forajido colmilludo), Carlos Muñoz (exjefe de la SAT) y Omar Franco (jefe último de la SAT), cuatreros del hampa que se han beneficiado del desmantelamiento que hizo el Ejército durante el conflicto armado en instituciones como el Mingob, Minfin, SAT, SIB, OJ, MP, etcétera.

Empero, es oportuno hacer unas interrogantes para analizar integralmente la coyuntura política: ¿Cuán exitoso fue el operativo, cuando de las 45 órdenes de captura giradas se lograron solo 21? ¿Fue negociado el operativo y las capturas —la mayoría gatos, autores materiales y no intelectuales— con el Gobierno? ¿Por qué no hacer el operativo con la idea de capturar al líder de la estructura criminal, sabiendo que este se encontraba fuera del país, al igual que su jefa, para que ambos declararan (Baldetti degustando una mojarra comestible en Seúl)? ¿Por qué no se capturó a Luis Mendizábal y a los empresarios mafiosos que se han beneficiado de la rebaja de impuestos por medio de La Línea (entramado de corruptos y corruptores)? ¿Constituye esta desarticulación una correlación de fuerzas dentro de la camorra, sacar de la jugada a un grupúsculo para que asuma el control como parte de las negociaciones de transición política? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el Presidente y la Vicepresidenta actúen impune, irresponsable y antiéticamente (la revocatoria de mandato constitucional es urgente), ya que el juicio político es un deber ciudadano ante tanta desfachatez? ¿Cuáles son las condicionantes para que el MP, la Cicig y Washington investiguen penalmente a Pérez Molina y a Baldetti por incumplimiento de funciones constitucionales (irrespeto a la dignidad de la Nación y administrar opacamente la hacienda pública)?

En esencia, el caso de la SAT evidencia la captura histórica y estructural de las instituciones públicas por parte de los Ciacs, desnuda las prácticas de latrocinio y cleptocracia sistémica de unas redes deshonestas dentro y fuera del Ejército, fortalece la tesis de que existen carteles empresariales que han erigido su riqueza al margen de la ley, bajo una lógica patrimonialista y con una visión expoliadora del Estado (nuevos ricos de cuello blanco que surfean fácilmente entre lo lícito e ilícito), confirma fehacientemente que el proyecto político de los militares de posguerra es un fiasco y que no son agentes sociales democráticos ni democratizados, que no son candidatos elegibles en las urnas; ratifica que las instancias de coordinación interinstitucional (Conacon, Gabinetes Específicos y Mesas Técnicas) legitiman la cloacocracia, ese régimen que ejercita el poder público con entidades repugnantes, con funcionarios inmundos, con legislaciones sholcas y con políticas públicas privatistas que acentúan la corrupción, la impunidad, la desigualdad y las violencias.

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