Prensa Libre

La condena se debió a que Garzón ordenó escuchar las conversaciones telefónicas que sostenían con sus abogados defensores los acusados de participar en un caso de corrupción del actual partido de gobierno en España, una posibilidad que solo es legal en los juicios sobre terrorismo. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron hace tres años, y el juicio comenzó hace dos, tiempo durante el cual el controversial juez español había estado inhabilitado.

La fama de Garzón fue resultado de sus acciones contra Augusto Pinochet y el régimen de facto de Argentina, sus críticas a la justicia de Guatemala en el tema de los derechos humanos, así como casos contra el narcotráfico, el grupo terrorista vasco ETA y grupos antiterroristas creados en tiempos de Felipe González para combatir a ETA. Por esa razón, los admiradores y los adversarios del juez ahora condenado eran numerosos y al mismo tiempo igualmente radicales.

El veredicto trae al tapete la discusión acerca de que quien representa la ley no puede violarla para que esta funcione, y que toda persona tiene derecho a hablar sin interferencias con sus defensores. Esto debe hacerse así aunque esté en juego la posibilidad de que los acusados puedan evadir un castigo. Igualmente, si quienes fueron acusados por Garzón tienen en común haber quebrantado los derechos humanos, no se puede hacer con quienes deben responder ante la justicia.

En la práctica, la discusión a escala mundial girará sobre si el resultado del veredicto español favorece o no a quienes han violado los derechos humanos. Las acciones legales que sin duda iniciará Baltasar Garzón pueden hacer que el caso se mantenga por años sin un resultado final, pero sea cual sea este, es un hecho indiscutible que la carrera del controversial juez habrá terminado. La historia se encargará, todo parece indicar, en dar el veredicto final.

NOTA:

Prensa Libre reitera la totalidad de los conceptos de su editorial del miércoles, respecto de la visita a Quetzaltenango de Armando Paniagua, director del Fondo Nacional para la Paz, para comunicar a los representantes de diversos sectores sociales la decisión presidencial de emplear para la Academia de la Policía Nacional Civil las instalaciones de lo que fuera la zona militar quetzalteca y donde ahora funciona el Centro Intercultural y Deportivo.

El señor Paniagua sostuvo una conversación en la que admitió lo que en su carta afirma “categóricamente” que no ocurrió. No es la primera vez que un funcionario trata de desmentir algo debido a las consecuencias de sus errores.