Las autoridades que durante los últimos años han tenido la tarea de conducir el Organismo Legislativo muestran una actitud bochornosa al negarse a transparentar los gastos, que a primera vista parecen injustificables, en los que incurren muchos de los diputados. Ningún órgano del Estado está exento de rendirles cuentas a los contribuyentes que pagan por el funcionamiento de las instituciones, aunque estas desarrollen una tarea deficiente, como es el caso del parlamento.

Este hermetismo, ni nuevo ni exclusivo de la actual cúpula del Congreso, está rebasando los límites de lo tolerable, porque este es un organismo que en su esencia conlleva la representatividad de los ciudadanos. Lo menos que se puede esperar es que buena parte de esas labores no se ejerzan de espaldas a la población. Quienes asumen esa actitud deberían entender que con ello están bordeando los límites del dolo y, por lo tanto, deben atenerse a las consecuencias por sus actos.

Los medios de comunicación han estado solicitando el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información, y entonces, cuando los directivos se resisten a cumplir con este mandato, incurren en acciones ilegales que deberían ya ser investigadas. Una de las instituciones llamadas a velar porque se cumpla con esos mandatos legales es la Procuraduría de los Derechos Humanos, ente que tiene entre sus misiones velar porque se le dé fiel cumplimiento a esa normativa en las distintas dependencias públicas.

Conocer cómo se contrata personal o en qué se gastan los recursos es un mínimo derecho de la ciudadanía, que paga por esos incalificables caprichos. Para comprender la dimensión de estas afirmaciones basta ver algunas adquisiciones inexplicables por parte de algunos diputados, como ocurrió con Jaime Martínez Lohayza, quien cargó entre los gastos del Congreso Q1 mil 500 en gasolina, en un exclusivo lugar de veraneo ubicado en Izabal.

También aparece un gasto desproporcionado que hizo el diputado Luis Fernando Pérez, por Q2 mil 230, en un restaurante de mariscos, único en su género en Centroamérica.

Estos son exabruptos que justifican la demanda por una responsable cuentadancia de parte de quienes se resisten a comprender que son incapaces de producir algo positivo para el país y que lo menos que deberían hacer es informar abiertamente sobre cómo y en qué se gastan esos millonarios recursos.

Hay que recordar que sobre el Congreso y el anterior presidente existe una investigación que lleva a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por la existencia de plazas fantasmas, con varios empleados que fueron capturados, ya que precisamente el desembolso en pago al personal es el que más ha crecido en los últimos años, sobre todo en asesores.

Al margen de la mediocre labor que realizan los actuales diputados, también deberían comprender que se han convertido en un organismo oneroso y hasta peligroso a la hora de legislar, por lo que lo único que cabe esperar es que cumplan con la Ley y que informen de manera satisfactoria a quienes pagan por sus servicios.