La semana que hoy comienza se presenta con varios retos y en un ambiente lleno de elementos de imposible predicción, pero que deben ser conocidos y analizados dentro de su variedad y la de sus consecuencias políticas a inmediato, mediato y largo plazos.

Resalta la tarea, en el Congreso, de la comisión pesquisidora para opinar sobre la justificación del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, que será decidida definitivamente por el pleno. No existe plazo, pero si se atrasa esa opinión, aumentarán las tensiones. La mayoría de Líder en esa comisión no resulta una ventaja para el mandamás de esa agrupación, porque si la ordena, abrirá la puerta a casi cualquier efecto no conocido, y si no lo hace, será muy fácil colegir que es resultado de una componenda con el partido de gobierno, con el cual tiene alianza tácita.

Por otro lado, las amenazas de bloqueos en las entradas de la capital, anunciadas con toda claridad por grupos no conocidos representados por mujeres que lo dijeron abiertamente por la televisión, constituyen otro valladar para el Gobierno, porque saldrá mal librado si las detiene para así evitar la paralización capitalina, y también si deja de actuar y permite de esa manera problemas serios para el transporte de bienes y personas, pero también serios daños a la economía nacional y a la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Otra fuente de retos para el sistema jurídico-político del país lo constituye el cercano fin del plazo de los juicios contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien de manera súbita y conveniente debió ser hospitalizada debido a un mal por el que normalmente tal confinamiento no parece ser indispensable. El tema se relaciona con el testaferrismo.

La Universidad de San Carlos y algunos sectores mantienen una comisión para la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Uno de sus criterios, a juicio nuestro justificable para analizarlo sin mentalidad legalista, es la necesidad que dictan las circunstancias para cambiar, por razones de fuerza mayor, que deben estar en los textos constitucionales, se haga un breve retraso en las fechas de las elecciones. Este cambio en el calendario no significa un atraso en la entrega del período presidencial el 14 de enero del año entrante.

Si bien entre la primera y segunda vueltas debe haber 45 días, y que fechas navideñas y de fin de año constituyen un valladar, las actuales circunstancias, inesperadas y sin precedentes, explican y justifican que la elección próxima pueda tener un producto de alguna manera distinto. No se pueden lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Es mayor el riesgo de que una elección sin cambios provoque manifestaciones violentas.

Como queda claro, el sistema nacional se encuentra en el banquillo de los acusados, porque los tres poderes estatales siguen localizados en medio de una situación que dio comienzo con el caso de la pócima mágica para Amatitlán. Por ello, todos los grupos sociales deben actuar con seriedad y, sobre todo, sopesando los efectos de actuar irresponsablemente.