Es urgente el llamado a la corrección. La excusa de que no hay disposiciones que específicamente prohíban algo no solo es una interpretación antojadiza de las leyes, sino además constituye una fuente de desprestigio para toda la clase política. Cuando nació la Ley Electoral, en el ya lejano 1984, los legisladores y los ciudadanos, pero también los políticos de entonces, entendieron que no se puede legislar tomando como base que las leyes serán retorcidas.

Nadie hubiera podido imaginar que iba a ocurrir lo que hoy se conoce como la judicialización de la actividad política, una manera de actuar que en este momento se ha convertido en una de las principales causas de la decepción popular.

Por ejemplo, cabe citar el caso de que los partidos pueden pintarrajear árboles y postes porque no está específicamente prohibido. O que los partidos pueden ser formados por un grupo mínimo de ciudadanos cuyo objetivo final es mantener una agrupación legal, sin ningún asidero en la población, pero que sí puede ser vendida a grupos interesados. La venta y compra de partidos es un fenómeno común, de la misma manera que el transfuguismo, que ha alcanzado proporciones casi increíbles, sobre todo en el actual Congreso de la República.

Simplemente es incorrecto que los políticos, en cualquiera de los puestos que ocupan, retuerzan la ley y la aprovechen para beneficios que se convierten de inmediato en espurios. Las sorprendentes declaraciones de funcionarios, encabezados por el propio presidente de la República, respecto de que estudiarán lo decidido por el TSE antes de acatarlo, constituyen una prueba de hasta dónde ha llegado lo que resulta ser una relativización de la obediencia a la ley. En una democracia, eso es inadmisible. En países donde existe la pretensión de establecer un gobierno con tendencias dictatoriales es explicable y, obviamente, nefasto.

Mucho del andamiaje legal de un país se basa en la corrección, como fundamento para lo legal. El derecho es lógico, es respetuoso del significado de los términos, no se aprovecha de rendijas y de recovecos, y sobre todo permite posibilidades cuyo abuso las convierten casi en una ilegalidad. Un ejemplo de esto es recurrir a los amparos de manera festinada y constante, con el único fin de atrasar los procesos.

Los partidos tienen ahora la oportunidad de responder a los ciudadanos y de dar el ejemplo. La mezcla de funcionario y candidato no trae nada bueno para la sociedad, talvez puede ser legal, pero sin duda es incorrecto y avasallador en referencia a otro factor abstracto sobre el cual se basa la vida de la sociedad, es decir, la confianza.