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13/11/12 - 02:44 Opinión

Entre corrupción y desconocimiento

El terremoto del 7 de noviembre debe ser analizado también en cuanto a las condiciones que aumentan los daños y el número de vidas perdidas cuando ocurre este tipo de fenómenos naturales, imposibles de evitar en Guatemala como consecuencia de su situación geológica. Entre ellos sobresalen la corrupción y el desconocimiento, pero también la pobreza de los habitantes y el descuido de las autoridades.

EDITORIAL

Las construcciones de adobe, no cabe la menor duda, constituyen lo que la organización no gubernamental Geólogos del Mundo, con sede en Madrid, denomina “elevada vulnerabilidad”. De eso no hay que convencer a nadie en Guatemala, porque resulta obvio. La diferencia en el número de muertes y de casas destruidas en comparación con el terremoto de 1976 se debe, entre otras causas, a que ha disminuido en algo el porcentaje de viviendas construidas utilizando ese tradicional material de construcción guatemalteco.

Pero los daños en construcciones de cemento armado, edificadas hace pocos años, deben hacer pensar en las causas cuando no tienen que ver con la cercanía de fallas. Es entonces cuando se nota que la falta de un código de construcción resulta ser mortal, u ocasionar daños a las casas y edificios que ameritan demolerlos. En este campo entra en el análisis la lacra de la corrupción, cuando los constructores no realizan su trabajo responsablemente y sus planes reciben la autorización de las autoridades porque alguien le dio mordida a algún funcionario.

Urge hacer obligatorio un código de construcción preparado por ingenieros guatemaltecos especializados, así como por la aplicación de normas que son utilizadas en otros países con condiciones sísmicas similares. Pero sobre todo es urgente que las autoridades del gobierno central y las municipalidades informen a los ciudadanos de los factores básicos que deben conocer para no ser engañados por constructores inescrupulosos o desconocedores de los efectos de tomar estos riesgos.

En las obras públicas que evidenciaron con sus daños no haber sido construidas de acuerdo a normas técnicas, las empresas responsables deberían ser sujetas a juicios, pero si esto no es posible por razones contractuales, decidir que a partir de ahora haya una garantía, aun sabiendo que no se puede hablar de construcciones antisísmicas, pero sí sismorresistentes.

El Gobierno está en lo correcto al pedir a la ONU que envíe expertos para que evalúen la destrucción causada por el terremoto, y debe establecer controles estrictos para evitar la corrupción en las tareas de descombramiento y de reconstrucción de las áreas afectadas. Parece repetitivo insistir en esto, pero es necesario porque la percepción popular de corrupción es casi total, y por desgracia no ha habido esfuerzos oficiales para borrarla.

En resumen, las lecciones de este terremoto son iguales a las del ocurrido en 1976. No tomarlas en cuenta solo puede ser infame, para las autoridades, y mortal para los ciudadanos. Guatemala es un lugar donde siempre habrá terremotos, y si bien no es posible salir indemne de ellos, sí se pueden mitigar los efectos.

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