En el primer capítulo de Capitalismo y Libertad (1962), Milton Friedman discute la relación entre la libertad política y la libertad económica, señalando que una es necesaria a la otra. Sin libertad política, la libertad económica podría florecer a corto plazo, pero en el largo plazo se verá amenazada. Sin libertad económica, todo el poder se ve concentrado en el poder político; la sociedad no tiene contrapeso ni medios de defensa y la libertad se reprime. Para Friedman, “la amenaza fundamental a la libertad es el poder de coerción, ya sea a manos de un monarca, un dictador, una oligarquía o una mayoría momentánea… al remover la organización de la actividad económica del control de la autoridad política, el mercado elimina esta fuente de poder coercitivo. Habilita a la fuerza económica como freno al poder político”.

Cuando Friedman habla del poder o fuerza económica, se refiere a la actividad productiva legal y legítima. En Guatemala, las principales fuerzas políticas se han independizado del poder económico legítimo y tienen su “mina” en el mismo poder político.

Mucho se ha especulado sobre los motivos que pueda tener Iván Velásquez. En cuestión de meses ha hecho mucho, pero mucho más, como comisionado de la Cicig que sus antecesores. Cuando denunció la estructura criminal de La Línea, surgieron opiniones de que la había destapado solo para asegurar su permanencia. No importa qué motivos tiene el comisionado de la Cicig; interesados o desinteresados. Lo importante es que ha traído al frente, con la ley en una mano y evidencia en la otra, la profunda corrupción que pudre las entrañas del Gobierno y el sistema político. Ya era hora. Hace un año no se pensaba que se pudiera bajar a la exvicepresidenta de su caballito de superioridad, o que el TSE le negara la inscripción a un caudillo como Portillo, por falta de honorabilidad, aun cuando confesó —para reducción de pena— haberse robado fondos destinados a bibliotecas escolares.

Iván Velásquez le brinda un gran servicio a Guatemala, por el motivo que sea. Ha abierto puertas que estaban cerradas y tocado estructuras de las que muchos sospechaban, algunos denunciaban valientemente y nadie perseguía. Le ha tocado la cara a los bullies; los bravucones que mantienen intimidada a la cuadra y le roban la mesada y refacción a los niños. Si lo hace para conservar su puesto y ganarse su plata, la tiene bien ganada.

¿No era del dominio público que algunos funcionarios del más alto rango usan su posición de poder para enriquecerse? ¿No es evidente que la ruta más rápida a la riqueza sea el saqueo por la vía del poder político? ¿Que las aduanas estaban podridas? ¿Acaso es noticia que [algunos] diputados ven la legislatura como base de operaciones para promover “negocios” ilícitos? ¿Ha causado sorpresa la revelación de que la clase política ordeña el gasto público para financiar sus campañas? Todo esto no es primicia ni noticia. Lo novedoso es que salgan a luz casos concretos y se denuncie ante los tribunales de justicia a actores específicos, otrora intocables, con evidencia. La más reciente denuncia sobre dos poderosos diputados multitránsfugas y Chico Dólar es por pinches Q15 mil. Sí, pinches; eso no alcanza ni para un caballo o una fiesta, pero hay evidencia. Refiriéndose a este tipo de financiamiento a partidos políticos, el presidente declaró que eso “ya se sabía” y la prensa ha denunciado el fenómeno de manera genérica. Pero aquí hay casos con denuncia judicial y evidencia, que hace toda la diferencia.

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