Prensa Libre

El fin de semana, 23 y 24 de febrero, con 24 personas asesinadas en Guatemala, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Petén y Quiché, y esta es una cifra 40 por ciento superior a la del 16 y 17 de este mes. De seguir en esa escalada, el próximo fin de semana será de 30 víctimas mortales, sobre todo en los departamentos más poblados del país y en el área metropolitana.

Los crímenes siguen siendo cometidos por sicarios o por delincuentes pertenecientes a bandas organizadas. Numéricamente, los criminales no son una cifra considerable y su porcentaje es pequeño en referencia a la población total del país. Pero muchos de los casos que han logrado capturas demuestran que los acusados o los sorprendidos in fraganti o pocos momentos después de haber cometido los asesinatos, son jóvenes que no llegan a los 25 años y algunos de ellos ni siquiera son ciudadanos, sino delincuentes menores de edad.

Las autoridades, por desgracia, no cuentan con la infraestructura técnica y humana suficiente para enfrentar esta arrogante delincuencia, que se les enfrenta con la seguridad de que sus hechos quedarán impunes. Esto se debe a la combinación de las fallas del sistema judicial, tantas veces mencionadas en la prensa de opinión, pero también al temor generalizado de la ciudadanía por acusar en los tribunales a los delincuentes.

Es explicable esta actitud. Si alguna persona es víctima o testigo de un hecho delictivo, no puede darse el lujo de presentarse a los tribunales a acusar. Simple y llanamente, su vida peligra y no puede ser garantizada su seguridad personal por las fuerzas del Gobierno. Para terminar de cerrar el círculo vicioso, las constantes capturas de policías y otras autoridades involucradas en bandas delictivas, si bien demuestran el interés de las actuales autoridades por depurar las filas de los agentes del orden, por otro lado confirman el temor entre la ciudadanía causado por el convencimiento de que esas personas son parte de las bandas criminales a las que deben combatir.

El combate efectivo de la criminalidad es el resultado del funcionamiento exitoso de una trilogía: la capacidad de las autoridades policiales, la eficiencia del sistema judicial y la participación ciudadana por medio de la denuncia para que las primeras hagan su trabajo y así comience un círculo positivo en el cual se privilegien los derechos humanos de la mayoría, potencial víctima, con preferencia sobre los que tienen quienes son asesinos o secuestradores multirreincidentes. Un país no puede vivir bajo el terror, sea este político o delincuencial. De no actuar, la imparable paralización y su consecuencia, la ingobernabilidad, están a un paso.