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29/11/12 - 00:00 Opinión

REFLEXIONES

Por la democracia

De nuevo regresamos al tradicional problema de a quién representan las instituciones del Estado, en particular el Congreso. Pareciera que volvemos a estar frente a un Estado cuya institucionalidad no tiene representación real y es por ello que la población tiene que tomar acciones de protesta para hacerse oír. Está claro que si el pueblo de Totonicapán tuviera representación en el Estado guatemalteco no se le hubiera ordenado al Ejército dispararles a los 48 cantones, o que si tomaran en serio la protección de los recursos nacionales

FRANK LA RUE LEWY

para el bien común no se hubieran atrevido a pasar la Ley de Telecomunicaciones, que regala las frecuencias nacionales y que esperamos sea vetada por el presidente de la República.

Estamos frente a un Congreso presidido por el señor Muadi, representante del Cacif, a quien el Partido Patriota le diera la presidencia del Congreso y quien declaró que engavetaría la ley de desarrollo rural integral, por considerarla violatoria al derecho de propiedad privada.

¿Cuál es entonces la lógica del Congreso? ¿Satisfacer a los intereses económicos o a quienes le pagan por el voto, como lo hicieron para la aprobación del presupuesto nacional?

El Congreso también ha ignorado la propuesta de reforma a la Ley Electoral de la sociedad civil, en lo que se refiere a que establezcan los comités cívicos permanentes y los partidos políticos departamentales, que les darían a las comunidades rurales y especialmente al pueblo maya de Guatemala la posibilidad de una representación real en el Congreso.

Hoy el Congreso sí entró en crisis, los movimientos campesinos se cansaron de la farsa legislativa y decidieron hacer efectiva su demanda de que se apruebe la ley de desarrollo rural integral, absolutamente necesaria y postergada en el país.

Los grupos de campesinos organizados que rodearon el Congreso demuestran que el Movimiento Campesino de Guatemala está harto de los discursos sin sentido y las maniobras legislativas de un Congreso que no los representa y del cual podrían prescindir ,pues nada cambiaría en el país.

A los diputados les ha llegado el momento de la verdad, pues si no aprueban la ley de desarrollo rural integral, no podrán ni asomarse a sus departamentos. Esperamos que el Movimiento Maya y el Movimiento Campesino tengan la visión de incorporar a la demanda de la aprobación de la ley de desarrollo rural integral el reconocimiento de los partidos políticos departamentales que les permitiría una participación efectiva en el Congreso a través de diputados honestos propuestos directamente por ellos y que legislen en el interés de sus comunidades. Esto es un tema fundamental para cambiar el escenario político del país, dándole una representatividad al Congreso que no ha tenido. Quienes se opongan a la creación de estos partidos departamentales en realidad están rechazando el derecho a la participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas.

Esperamos que las declaraciones de apoyo del Gobierno a la aprobación de la ley de desarrollo rural integral se vuelvan realidad con el voto afirmativo del partido de gobierno y sus allegados; de lo contrario se profundizará la crisis.

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