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Prensa Libre

30/11/12 - 03:44 Opinión

Serias denuncias contra juzgadores

Por fin, después de haberlo anunciado durante semanas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó ayer una serie de denuncias contra 18 jueces a quienes sindica de fomentar la impunidad y de emitir resoluciones que favorecen a sectores ligados a la corrupción o a facciones a las que también se vincula con redes del crimen organizado que habrían sido beneficiadas con fallos cuestionables.

EDITORIAL

Este constituye hasta ahora uno de los más serios señalamientos que entidad o persona alguna haya hecho en contra de tantos juzgadores, pues de lo que más se tenía registro era de sindicaciones aisladas, de bastante resonancia. En este caso se pide, además, al Ministerio Público que inicie procesos penales contra los denunciados, una situación que sin duda alguna tendrá relevantes repercusiones en el ámbito jurídico nacional, empezando por el sistema de justicia, que debe hacer lo propio para que se esclarezcan las denuncias que hace la Cicig.

Ciertamente la impartición de justicia en el país no ha estado exenta de polémica y más de un fallo ha contribuido a erosionar la credibilidad de ciertas judicaturas, pero esta vez los señalamientos se basan en un informe que a la oficina de las Naciones Unidas en Guatemala le ha llevado al menos 18 meses elaborar, y se espera que las sindicaciones estén debidamente fundamentadas porque no solo es corrupción lo que se denuncia, sino tácitamente complicidad con el crimen.

Es deseable que lo planteado en el citado documento sea adecuadamente ventilado y que los órganos respectivos hagan su mejor esfuerzo por esclarecerlo lo antes posible, ya que nuestro país es frecuentemente mencionado como uno de los paraísos de la impunidad, y sobre ello recalca el principal señalamiento del informe, que también sindica a muchos jueces de “favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de esa oficina en el país”, lo cual, aunque no es una novedad, merece una adecuada investigación.

Ahora bien, el informe de la Cicig aclara que no existen evidencias de que los magistrados señalados formen parte de la estructura de esos grupos criminales ni se establece si esas judicaturas llegaron a emitir los fallos ahora cuestionados a cambio de algún pago o beneficio concreto, y es por eso mismo que se hace necesario que el aparato funcione en pleno, ya sea para corregir cualquier anomalía o para aclarar algún caso que no esté debidamente sustentado.

Sin duda, el estudio de la Cicig ha de contar con suficientes pruebas incriminatorias para cuestionar los fallos de tantos jueces, y por ello también cobra relevancia la enfática afirmación de que “esta no es una denuncia que quedará en los archivos. Es una denuncia a la que vamos a dar seguimiento”, algo a lo que el jefe de esa oficina se ha comprometido para que por fin pueda equilibrarse la balanza en la lucha contra la impunidad, una tarea que queda en manos de la fiscalía respectiva y de la Corte Suprema de Justicia, que también debe asumir el reto de encarar una nueva batalla por limpiar su buen nombre, y sobre todo porque impere la justicia.

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