Opinión

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Desmoralización

Antonio Mosquera Aguilar

Antonio Mosquera Aguilar

Las declaraciones de la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo apuntan a la abogacía mafiosa y al prevaricato contumaz. Por una parte, quiere hacer creer que forma parte de un grupo de jueces que monopolizan puestos de administración académica y jugosos contratos en el gobierno. Unos casos son ilustrativos. En las comisiones de postulación se han contabilizado 13 jueces de apelaciones y dos asesores ministeriales que deberían trabajar más de 16 horas diarias. En 2014 se acusó a un exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, quien gozaba de un sueldo por Q28 mil en la Usac y un contrato en Guatecompras de Q359 mil, además de ingresos por Q29,919 en otros negocios. Otro abogado en la Usac goza de un salario de Q16 mil como profesor e ingresos aparte por coordinación, tanto de una maestría y un doctorado; además, en su calidad de asesor en la negociación del pacto colectivo de Salud recibió Q7 millones, sin presentarse bajo excusa de que daba clases en Argentina.

Cuando Reinoso Trujillo afirma que además de sus labores en la judicatura es coordinadora de posgrados, se refiere a una situación sabida: hay un grupo mafioso de abogados que tienen más de tres trabajos en el Estado, uno en la Usac. Ella integraría otro grupo, los que trabajan más de 24 horas tanto en el Organismo Judicial como en actividades docentes, añadiendo, como innovación, que se trata de universidades públicas y privadas.

Por otra parte, al afirmar que recibe préstamos a la palabra, que suman millones de quetzales, descubre una trama difícil de desarmar. Se trata de la organización de bufetes profesionales o simples cobradores, que están asociados a los jueces del Organismo Judicial. Para obtener favores judiciales se necesita contratar esos servicios profesionales. Claro, la factura contable es legal, pero en su concepto existen servicios inconfesables. Basta ofrecer un anticipo a los profesionales para obtener resoluciones judiciales favorables. Así quedó al descubierto en el caso de la jueza Marta Sierra de Stalling, donde la Cicig relaciona sus fallos con pagos por “servicios jurídicos” con un tercer cómplice. En los departamentos, algunos jueces carecen de bufete asociado, pero basta un diligente cobrador para triangular el pago, como parece ser el caso de la jueza Jisela Reinoso.

Como siempre, para controlar la corrupción no hay que linchar a nadie, sino introducir reglas legales claras. La primera: nadie puede laborar más de ocho horas en la administración pública, debe reformarse la Constitución para evitar esa patente de corso en la Usac. La segunda: ningún empleado público puede obtener contratos en la administración pública, por sí o por sociedad mercantil de cualquier tipo. La tercera: los jueces con exclusividad deben desempeñar la judicatura y no ejercer actividades mercantiles ni docentes. Y la cuarta: no hay que equivocar el voto.

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