El Congreso tiene dos papas calientes en las manos: la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina. Ambos son temas de interés nacional y de innegable trascendencia para Guatemala, pero no la tenemos fácil en los términos actuales de las conocidas alianzas entre los diputados de la mano anaranjada y los de la corbata roja, más el legalismo de sus abogados dotados de mañas que lo único que buscan es primero ganar tiempo y luego lograr la aprobación de lo que sí les interesa, a toda prisa.

Ya no hay vendas en los ojos. Sigo siendo partidaria de la reforma a la LEPP, pero no en las condiciones actuales ni desde los términos que se están proponiendo. La propuesta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo llegar recientemente al Congreso dice, en su exposición de motivos, que recoge la voluntad popular. No la mía ni la de varias personas más con quienes la hemos estudiado un poco, porque a esta iniciativa le quitaron todos los dientes. La propuesta es cosmética en la mayoría de los 71 artículos que propone modificar, y no habríamos necesitado un esfuerzo de ese tamaño con tanta prisa y tan buena voluntad, si hubiéramos sabido que el voto nulo y la no reelección sería de lo poco rescatable para las elecciones 2015.

¿Por qué siempre nos conformamos con los mínimos? ¿No es síndrome de las mujeres abusadas estar agradecidas por poder pagar hasta la fianza de su agresor, amén de haber sido golpeadas y anuladas? Se entiende que las negociaciones políticas piden eso: negociar y ceder tomando en cuenta la realidad y lo posible. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo mínimo es lo posible? Esa iniciativa de ley no plantea nada con relación a los necesarios controles a los medios de comunicación; no cambia el límite de gastos de los partidos; tampoco deja claro cómo se integrará, de forma alterna, en las primeras casillas, la participación étnica y de género. No habla nada del padrón electoral y de las formas de elección. Además, el TSE se autoasigna un presupuesto “no menor del uno punto cinco por ciento (1.5%) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para cubrir sus gastos de funcionamiento y de los procesos electorales”. A mí me enseñaron que primero se aprende a correr bien y luego se compra uno los mejores zapatos.

En el caso del antejuicio contra Pérez Molina, toca ahora que una Comisión Pesquisidora en el Congreso tome cartas en el asunto. Esta debe establecer si hay o no méritos para llevar a cabo un juicio contra el presidente en las cortes guatemaltecas. Pero como sabemos, los diputados de los grandes partidos se cubren con la misma manta y le temen a los mismos juicios anticorrupción, lo cual podría implicar que retardaran por meses la investigación, hasta llegar a la fecha de elecciones, por ejemplo. La presión ciudadana podría hacer una diferencia en este sentido, ya que los crípticos legalismos no nos han dado herramientas ni espacios para transformar esta voluntad popular en una oportunidad histórica. Mientras, las manifestaciones siguen. ¿El gran objetivo? La democracia.

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