En Guatemala la gente de a pie trata, cada día, de no quedar soterrada debajo de toneladas de desigualdad. Intenta no quedar sepultada bajo asfixiantes montañas de tierra y corrupción, o debajo de sofocantes aludes de exclusión, marginación, violencias y malas prácticas políticas.

El Cambray II es doloroso, muy doloroso, pero le toma una nueva y fiel fotografía al país que hemos venido siendo durante mucho tiempo. De lo sucedido, lo mejor ha sido la solidaridad de tantas personas con los damnificados; sin embargo, yo preferiría que esa solidaridad se tradujera en políticas públicas y en una cuestión de relación cotidiana. La sobrevivencia y la cada vez mayor vulnerabilidad frente a los cambios climáticos y las tragedias “naturales” piden una nueva manera de pensar, de ser y relacionarnos.

En este país hay que ordenar la tierra y diseñar políticas de vivienda. El primer catastro nacional fue realizado en el tiempo de Justo Rufino Barrios, hace mucho más de un siglo. Desde entonces se trazó una arquitectura jurídico-agraria que definió la propiedad como un privilegio de algunos y no como un derecho de todos. Por lo tanto, es fundamental la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra en nuestro país, porque mientras unos tienen que pagar por licencias de construcción en terrenos no aptos para levantar una vivienda (con todo y el permiso de alcaldes municipales), sabemos que en las últimas décadas hay fincas que han crecido hasta 320% de su tamaño, debido al corrimiento arbitrario de linderos. Eso sin incluir las fincas obtenidas, históricamente, como resultado de la corrupción y los abusos de poder.

Necesitamos una política de vivienda, pero en un marco integral de ordenamiento y desarrollo territorial. Necesitamos otro manejo de lo catastral en Guatemala, dejando la parte legal al Registro de la Propiedad, la de la medición al Instituto Nacional de Geografía y el ordenamiento físico a una instancia especializada de catastro. Hoy es el Ministerio de Agricultura y Ganadería el que tiene a su cargo el proceso de mantenimiento catastral, la coordinación con las municipalidades y otras instancias públicas como el Registro de la Propiedad, además de la observancia de la correcta aplicación de procedimientos y normativas. Pero conociendo cuánto mal-pesa lo político en nuestra realidad, habría que hacer nuevos balances.

Por otra parte, cualquier política de vivienda ha de considerar la dignidad con que todas las personas tienen derecho a vivir para poder considerarse ciudadanas. No podemos pensar en terrenos áridos, alejados de todo, sin agua y sin otros servicios básicos. No podemos ni debemos pensar en casas de dos por tres metros hechas a la carrera solo porque miles de personas están acostumbradas a vivir en cuartuchos de lámina con piso de tierra. El caso de El Cambray II, además de haber desnudado la miseria, también nos revela cuánta necesidad tenemos de una Ley de Aguas en el país, entre mucho más. No hay indicadores sociales que hablen más recio que lo vivido en tragedias como esta. En ellos nos reflejamos como sociedad.

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