Prensa Libre

MARIELOS MONZóN

Las medidas cautelares dictadas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se han cumplido y sus derechos a la alimentación, la vivienda y la seguridad siguen violándose. En sus propias palabras: “Nos preocupan mucho nuestros hijos, no tenemos para darles de comer. ¿Quién nos va a reponer las cosechas? No es que nosotros no sepamos trabajar, es que no nos dejan y nos persiguen. Qué dolor lo que nos está pasando a nosotros”.

Durante el desalojo de las 14 comunidades fue asesinado el señor Antonio Beb Ac, y varias personas más resultaron con heridas y golpes. Las viviendas y cultivos fueron quemados y destruidos, y en los meses siguientes ocurrieron otros asesinatos y continúan las amenazas, el acoso y la persecución.

Lo que ocurre en el Valle del Polochic es la radiografía de lo que sucede en el resto del país, ante la violación a los derechos sobre la tierra y el territorio. Tiene que ver con el despojo histórico, con los modelos económicos que no reconocen a las personas como sujetos de derechos y con una problemática que no ha sido resuelta y a la que se le ha dado, como única salida, la persecución penal.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (2008), cinco mil 43 fincas en Guatemala operan bajo el régimen de colonato, un sistema semifeudal en donde a los trabajadores llamados “mozos colonos” se les concede el usufructo de una parcela que se va heredando de padres a hijos; no existe derecho alguno relacionado con el tiempo de posesión y los patronos pueden echarlos en cualquier momento. Si las familias permanecen, se les acusa de usurpación, se les desaloja y se les persigue, sin pagarles prestaciones laborales o reconocer su histórico derecho sobre la tierra que han ocupado por generaciones.

La mayoría de los conflictos agrarios tienen sus raíces en las flagrantes violaciones a los derechos de las comunidades y los pueblos. Los acuerdos de paz las reconocen como causas del conflicto y establecen una serie de compromisos para superarlas. Hasta ahora las condiciones de pobreza, explotación y exclusión de las comunidades indígenas y campesinas persisten y se agravan. Como dice Sergio Tischler, seguimos viviendo en el modelo del “Estado finca”.

En su discurso de toma de posesión, el presidente electo afirmó que las causas que dieron origen al conflicto aún están presentes y que se ha “traicionado el espíritu y los objetivos estratégicos de los acuerdos”. Prometió impulsar el desarrollo rural y atender la problemática agraria. Acatar la resolución de la Comisión Interamericana y resolver de fondo las injusticias que viven las comunidades del Polochic podría ser un inicio.