Si los gobiernos fueran los directamente responsables de encarar las enormes repercusiones que implica la falta de desarrollo y los esfuerzos que se deben invertir en alcanzar los objetivos concretos para lograr mejores niveles de vida para la población, seguramente no serían tan irresponsables en la conducción de la administración pública y específicamente de los recursos financieros, los cuales no generan pero sí consumen para el funcionamiento del aparato burocrático, y lo menos que deberían hacer es manejarlos con absoluta responsabilidad.

Esto cobra relevancia por la atroz crisis financiera por la que atraviesa Grecia en estos días, nación que no pudo cumplir dentro de los plazos límites con los pagos a sus acreedores, y esto no solo alteró el funcionamiento de los mercados financieros, sino que ha puesto en entredicho su permanencia en la eurozona, una condición que a su vez ha sembrado el nerviosismo entre los gobernantes más influyentes de dicha comunidad económica e incluso en otras potencias, como es el caso de Estados Unidos, que ha pedido mayores esfuerzos por un rescate griego.

Esta monumental crisis llevó casi dos décadas en gestarse a través de una fórmula insensata que, paradójicamente, es aplicada en muchos países como Guatemala: gastar mucho más de lo que se produce y encima cubrir esos gastos cada vez con más deuda, pero peor aún, que tales créditos no sirvan para el desarrollo, sino para engordar los bolsillos de corruptos e inescrupulosos.

Guatemala, al igual que Grecia, ha venido en los últimos años cubriendo un presupuesto deficitario con emisión de bonos, y otras modalidades de endeudamiento, que tan solo en el actual gobierno ha aumentado en Q31 mil millones. Aun así, hay instituciones y dependencias estatales en las cuales las reservas financieras se han agotado y el presupuesto apenas alcanza para semanas, como lo acaba de anunciar la Corte Suprema de Justicia, que advierte de que tiene recursos solo para este mes.

Sin embargo, no son los únicos, pues durante los últimos meses otras entidades se han sumado al clamor por que se les asignen los recursos pendientes, como la Universidad de San Carlos, el sistema hospitalario y el pago de obras viales. Peor aún, en un año electoral, la poca liquidez disponible suele dirigirse a programas clientelares u obras que solo buscan ganar votos para alcaldes o diputados, quienes lejos de actuar con apego a un plan de Estado, se decantan por el populismo que tanto daño ha hecho al país.

La situación es angustiante, preocupante y digna de ser tomada en serio. No obstante, en medio de esa crisis es cuando surgen las posturas obcecadas de pseudodirigentes sindicales como Joviel Acevedo, que solo buscan presionar a los políticos venales para lograr nuevas concesiones que únicamente benefician a un pequeño sector. Actitudes como la de este adlátere de diversos gobiernos no solo envilecen a uno de los gremios que deberían ser bastión de la democracia, sino que imposibilitan cualquier oportunidad de desarrollo, pues anteponen oscuras jugadas e intereses a las verdaderas metas de un desarrollo digno para los guatemaltecos.