Prensa Libre

La mencionada ley ha provocado una nueva crisis a pocos días de que, con el sospechoso apoyo de bancadas de oposición —y con un impresionante despliegue de velocidad parlamentaria, causante de decepción y de suspicacias— fuera aprobada una ley de telecomunicaciones cuyos efectos son tan negativos para el país que hasta una entidad de la Organización de las Naciones Unidas señaló públicamente su sorpresa y, en cierta forma, su rechazo.

La súbita insistencia del mandatario en la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrícola puede ser considerada en una de dos formas: o un problema serio adicional, provocado porque no fue consensuada previamente con los diversos factores de incidencia dentro del Congreso y en las organizaciones de los sectores privado y campesino, o algo de alguna manera provocado con el fin de desviar la atención acerca de los efectos negativos que la Ley de Telecomunicaciones le representa al país. En otras palabras, jugar con fuego porque las tensiones entre los principales actores son muy peligrosas y se pueden salir de control.

Ciertamente, es imposible lograr la unificación de criterio al respecto de nuevas leyes o de cambios a las existentes. Pero ello no significa que sea sensato seguir adelante con proyectos que son rechazados o al menos criticados con bases firmes. Ese fue el caso del proyecto de las reformas constitucionales, que si bien son consideradas necesarias por un grueso sector poblacional, desde el principio tuvieron el mismo baldón de la Ley de Desarrollo Rural: ser exigidas y anunciadas como algo de lo que no habría marcha atrás.

Esto al final se convirtió en una de las razones de haber tenido que engavetarlas, aprovechando la coyuntura del terremoto de hace casi un mes, pero al mismo tiempo permite analizarlas sin ninguna presión de tiempo, para mejorarlas y, sobre todo, hacerlas practicables y perennes.

El caso de la Ley de Desarrollo Rural es otra tarea que pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno y, sobre todo, del presidente Pérez Molina. Debe dejar claro que no se puede hacer nada bajo presión de cometer acciones ilegales de ninguno de los grupos interesados, pero además convencer a sus representantes de la necesidad de una actitud para ceder en algunos temas.

El último mes del primer año del actual gobierno comienza con una crisis de potenciales consecuencias negativas para el país, porque puede afianzar la cada vez mayor percepción de que avanza la ingobernabilidad. Cautela, sagacidad, respeto a los criterios en juego son algunas de las condiciones. El reto es grande, y para vencerlo se requiere experiencia y voluntad políticas.