El memorando que se conoció esta semana acerca de la orden emitida por el jefe de la Policía Municipal de Tránsito de San Juan Sacatepéquez, sobre el mínimo de multas que cada agente de esa dependencia debía imponer cada día es, a pesar de haber sido anulado, la prueba más reciente de una realidad agobiante para millones de automovilistas, la mayoría de los cuales no se entera ni siquiera de la hora y circunstancias en que ha sido sancionado con alguno de esos infames procedimientos disciplinarios.

Para todos es sabido que la imposición de multas por parte de los agentes de tránsito constituye, en la mayoría de los casos, acciones arbitrarias que quedan a discreción de estos, con quienes resulta imposible razonar porque actúan con prepotencia y amenazan con aumentar el monto de la sanción, por supuesta falta de respeto a la autoridad.

A tales desmanes se suma un oprobioso proceso que resulta casi imposible revertir, pues de eso se encarga un juez municipal, que tendrá obviamente un punto de vista parcializado, lo que neutraliza cualquier defensa.

No se discute la necesidad de velar por el orden y coordinación del tránsito vehicular en los principales centros urbanos, pero lamentablemente eso es secundario para las autoridades, pues en lugar de acciones técnicas que faciliten la circulación, la prioridad radica en garantizar los ingresos para los sueldos de los agentes y otros menesteres ediles, así sea a costa de los bolsillos del ciudadano.

Ese ha sido uno de los eternos problemas de las democracias emergentes, donde se carece de un equilibrio social, político y tributario que haga sostenibles esas mismas burocracias, que ante la improductividad deben incurrir en lamentables acciones represivas sobre los automovilistas, las cuales, en muchos casos, solo terminan de agravar un problema crónico.

Baste el ejemplo de ciertos cepos que se instalan en transitadas calles: los vehículos pasan horas inmovilizados mientras se paga la caución económica, lo cual degenera en embotellamientos y con ello solo se favorece a las arcas municipales pero se impacta en los conductores.

En cualquier municipalidad en la que se pueda tener acceso a la planificación de un presupuesto de ingresos se observa que los rubros destinados a financiar tales cuerpos de tránsito provienen, en gran parte, de la imposición de multas. El renglón crece cada año, porque a la vez ese departamento se ve como una conveniente fuente de plazas para allegados a las autoridades ediles y a la vez de ingresos para diversos propósitos, que no necesariamente se centran en ordenar el tránsito.

Afortunadamente, en la época digital, muchos usuarios de redes sociales han documentado con elocuencia las posiciones cuestionables que adoptan algunos agentes, que deben esconderse entre matorrales o buscan engañar a automovilistas, con justificaciones vacuas, y todo porque las altas autoridades mantienen una actitud repudiable que en lugar de apretarse el cinturón y destinar fondos a los programas esenciales, continúan buscando dinero para llenar ingentes gastos de una burocracia que no sobreviviría de otra manera.