El gobierno está en jaque. Luego de semanas de dar a entender que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y de salir públicamente con un discurso altanero, para dizque defender la soberanía de la patria, al presidente se le terminó el oxígeno.

La investigación de la Comisión y del Ministerio Público que develó una red de defraudación y contrabando en la que están envueltos —hasta el momento— el secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, el actual y el anterior superintendente de la SAT —nombrados ambos por el presidente— y personajes vinculados a la inteligencia militar durante los años de la guerra, cambió la composición del tablero y la correlación de fuerzas.

A una investigación impecable hay que sumarle la cadena de errores del mandatario y su segunda, que no dejan de sorprender con una metida de pata tras otra. La última (al momento de escribir esta columna) fue la conferencia de prensa de la señora Baldetti, que es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer en una comparecencia pública.

Perder la cordura y dejar a los periodistas con la palabra en la boca, luego de prometer responder todas las preguntas hasta dejarlos satisfechos y negar información tan simple como el día y la hora en que regresó a Guatemala o pretender que creamos que su secretario privado, con el que viajó a Corea, desapareció frente a sus narices, no solamente es un insulto a la inteligencia sino agrega más dudas y suspicacias sobre su posible implicación en los hechos que se denuncian.

Ya el presidente había hecho lo suyo cuando declaró que la captura del capo del narco Haroldo Mendoza y nueve de sus lugartenientes no era un logro de la Cicig, porque estaba fuera de su mandato; como si una estructura del narcotráfico con vínculos en las estructuras del Estado no fuera un asunto de criminalidad organizada y cuerpos ilegales. Peor aún se vio el mandatario cuando un día antes de la redada contra los integrantes de La Línea se fue a reunir con el superintendente de la SAT, Omar Franco, para manifestarle su apoyo por la baja recaudación y para hablar de “dos asuntos” que no especificó.

Luego del caso de la red criminal dentro del Sistema Penitenciario en la que se llegó a capturar hasta al propio director, que según se sabe fue sugerido por Byron Lima Oliva —jefe de la estructura— al ministro de Gobernación, y de las escuchas telefónicas en las que queda clara la influencia de Monzón Rojas —hasta ahora máximo capo de La Línea— en la designación presidencial de los últimos dos superintendentes de la SAT, el gobierno queda muy mal parado y en una posición de absoluta debilidad como para seguir negando la realidad: que este país está tomado por las mafias y que el propio Ejecutivo está infiltrado.

Las estructuras criminales (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos) que se formaron durante la guerra a la sombra de la inteligencia militar no fueron desarticuladas y sus tentáculos alcanzan lo público y lo privado; el modus operandi de La Línea lo demuestra. Después de esto habrá que ver si el presidente sigue pensando que ya no hay más nada por hacer y hay que cerrar la tienda.