¿Ha existido otro momento más bajo en la administración de justicia?

1) Constate lo que ocurre en materia terapéutica. En México, una empresa ofrece el servicio de diálisis renal con el nombre comercial de Pisa. Aparentemente opera una gran cantidad de centros de salud públicos, y al menos no se conoce que tenga quejas sobre la eficacia del procedimiento. Empero, al trascender la frontera se convirtió en la culpable de la muerte de varios pacientes y acusada de actuaciones al margen legal.

La atribución de esa letalidad no encuentra otra explicación, sino algún tipo de transmutación por traspasar la línea imaginaria.

Pudo haber sido que de la misma manera que los enfermos contagiosos esparcen la enfermedad, los corruptos dirigentes del Seguro Social, cuando tocaron contratos, trasladaron por medios sobrenaturales su malignidad a los procesos clínicos, trastornando los procesos materiales que habrían de funcionar en nuestro país.

2) En los aeropuertos de Centroamérica y Panamá, una cadena comercial, opera tiendas. Como toda compañía internacional, se asume que se apega a los procedimientos legales establecidos para mantener su operación. ¿Qué problema existe? Pisa es un negocio transnacional. Vende, paga impuestos y consigue la ganancia; lo contrario, no vende, cierra la tienda.

A la fecha, ha tributado en el país Q78 millones y emplea a más de cien nacionales. No obstante, se le acusa de haber violado todas las reglamentaciones. Parece que abrió sus tiendas no para el comercio, sino para conspirar contra el pago de impuestos.

Lo curioso es que la queja no proviene de la oficina de impuestos, la SAT, sino de una diligente fiscal, una jueza y un grupo de competidores que aplauden el cierre de los negocios por parte de la Policía. Con diligencia inusual, embargan perfumes, licores y dulces de lujo. La jueza y la agente del MP afirman que “solo se cierran para que dejen de operar”, ni indiciados, ni detenidos, ni nada. Oscuros son los designios de la justicia en nuestro país.

3) Los abogados han perdido el derecho de procuración. Si hablan con un juez que lleva una causa, pueden ser acusados de “tráfico de influencias”. Es una hipocresía afirmar que “se confía en los tribunales” o, como se dice ahora, en las “Cortes”. Una jefa de policía ha pasado casi ocho años privada de libertad, sin que se abra a juicio su causa.

La detención solo se explica porque satisface la voluntad de algún poderoso. Marlene Blanco Lapola ha pasado suficiente tiempo presa para que continúe detenida sin juicio. Las “Cortes” justifican la cárcel, aduciendo que “la Sala no expuso los motivos de hecho y de derecho” para favorecerla con libertad bajo fianza. Es decir, un error de un tribunal es causa para mantener arbitrariamente detenida a una ciudadana, en violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales. ¡Qué confianza ni que ocho cuartos!

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