Después de una exhaustiva investigación, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) desarticularon la red criminal La Línea, dirigida presuntamente por el militar dado de baja por el Ejército Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías; Salvador Estuardo González, presidente del diario Siglo 21, y Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez desde su participación en la mafiosa red Moreno, dedicada al contrabando en la década de 1990.

La Línea se dedicaba a la defraudación fiscal y al contrabando en las principales aduanas de nuestra Guatemala. Ahora Monzón Rojas es prófugo de la justicia guatemalteca y buscado por la Interpol.

También fueron capturados y ligados a proceso el superintendente y el exsuperintendente de la SAT —elegidos por el presidente—, y son señalados por su supuesta participación en esa banda criminal que defraudó millones de quetzales al Estado de Guatemala.

Ante semejante desfalco cabe preguntarse, ¿cómo esa organización criminal pudo dedicarse a la defraudación aduanera y al contrabando en las narices de la vicemandataria?, ¿cómo el mandatario declaró desconocer lo que hacían sus funcionarios de confianza en “sus tiempos libres”?

La Línea no es la primera estructura criminal desarticulada en la actual administración gubernamental. En septiembre del 2014, la Cicig y el MP lograron desmantelar en el Sistema Penitenciario (SP) una red criminal que se dedicaba a la extorsión, corrupción y lavado de dinero a costa de los reos. El militar Byron Lima es acusado de dirigir esa estructura criminal, y está en prisión porque fue hallado culpable por el asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera.

El gobierno de Pérez Molina arrogantemente se ha opuesto a la prolongación del mandato de la Cicig en Guatemala. Pero si no fuera por la estrecha coordinación de este ente internacional con el MP en la realización de rigurosas investigaciones, jamás se habría descubierto a esas espeluznantes redes de mafias incrustadas en las estructuras del Estado.

Es evidente que Baldetti Elías y Pérez Molina no tienen vergüenza, de lo contrario ya hubieran renunciado a sus cargos por respeto a la ciudadanía que les dio su voto de confianza en las elecciones realizadas el 16 de noviembre del 2011.

Es comprensible ver en las redes sociales la indignación de la ciudadanía y varias convocatorias para participar en manifestaciones pacíficas para exigir la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Para el 25 de abril a las 15:00 horas se ha convocado a una manifestación pacífica para exigir que renuncien y que sean investigados. Se recomienda que se evite quemar llantas y menos realizar actividades que pongan en riesgo el carácter pacífico de la manifestación.

Es obligación y derecho de las guatemaltecas y guatemaltecos salir a las calles a manifestar su descontento y repudio por tanto abuso de poder, mentiras e impunidad. Pero es importante que la ciudadanía no pierda de vista que exigir la renuncia de Baldetti y Pérez Molina no significa que se tenga que convocar a una nueva asamblea nacional constituyente.