Seguimos mareados en medio de la vorágine de escándalos de corrupción. Esa corrupción gubernamental que se fermenta con la impunidad que impera en las cortes de justicia para convertirse en desgracia y muerte para la mayoría de la población. Solo en los temas ambientales es demasiado larga la lista de casos obvios de corrupción e impunidad gubernamental. La concesión de la mina Marlin I, calificada nula ipso iure por el Lic. Acisclo Valladares, por la forma en que fue concedida; la mina sigue operando. La violencia de los personeros de la minera San Rafael, comprobada con la grabación de un personero que ordena la muerte de “esos indios” (¡con esas palabras!) que se oponen; la mina sigue funcionando. Las irregularidades en el otorgamiento de la licencia minera en La Puya, donde el dizque presidente Pérez dio su palabra de cancelarla si había alguna irregularidad; por supuesto no hizo nada a pesar de que la Resistencia Pacífica tiene testimonios de expertos internacionales en minería que calificaron el Estudio de Impacto Ambiental como el peor jamás visto. El escándalo del Lago de Amatitlán en que Baldetti y compañía quisieron vernos la cara. La extracción ilegal del jade de la Sierra de las Minas, que terminó en Taiwán junto con lo que le quedaba de decoro a ella. La trágica muerte de los tres estudiantes de la Universidad del Valle en la mina de níquel de El Estor, la penosa actitud de los juzgadores y de esa casa de estudios. El encarcelamiento de líderes comunitarios de Huehuetenango por oponerse a las arbitrariedades de las corporaciones internacionales dueñas de proyectos hidroeléctricos impuestos. Ahora el escándalo del río La Pasión, en el que el ministro de Ambiente endilga culpabilidad a las comunidades (le dimos el beneficio de la duda, pero este resbalón es imperdonable) cuando la responsabilidad de las palmícolas es indudable.

No son los únicos casos en los que es obvia la corrupción y complicidad de funcionarios públicos que sirven a los intereses económicos de las transnacionales, en detrimento de los de la población guatemalteca que paga sus salarios. El dizque presidente, la exvicepresidenta, ministros, diputados, alcaldes, jueces… saqueando a un pueblo inerme y cada día más empobrecido. La corrupción no nació con este gobierno, pero hoy, que hay pruebas para llevar funcionarios a juicio, “ellos” tienen el sistema de justicia de los pelos; y ahora pretenden constituirse en adalides de la institucionalidad y del cumplimiento de la ley. Jajajaja.

No queremos seguir así. Perseguimos objetivos concretos. Primero tiene que renunciar Otto Pérez. Ese señor pretende seguir borrando evidencias y rematando negocios bajo la protección de sectores poderosos, y eso es inaceptable. Punto.

Después, si los entusiastas defensores de la Constitución y la institucionalidad aplicaran el artículo 113 de la Constitución, sobre “Derecho de optar a empleos o cargos públicos”, que dice: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” estaríamos salvados. ¡Veamos pues!