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27/08/11 - 01:56 Opinión

La extradición de Alfonso Portillo

Con la decisión unánime tomada ayer por la Corte de Constitucionalidad, Alfonso Portillo Cabrera se convirtió en el primer expresidente de Guatemala que será extraditado a un país extranjero, Estados Unidos, para ser juzgado allí, al estar acusado por las autoridades estadounidenses de haber cometido lavado de dinero. Esto constituye un hecho sin precedentes en la historia nacional, y es el segundo en América Latina, después del panameño Manuel Noriega.

EDITORIAL

La CC solicitó a las autoridades estadounidenses que le otorguen a Portillo un trato digno y que goce de la presunción de inocencia, y al mismo tiempo sugirió que, de ser hallado culpable, pueda cumplir su condena en Guatemala, y si es inocente, no sea entregado a un tercer país, sino enviado de regreso, para que cualquier otra nación que lo acuse de algún delito repita el proceso. La Procuraduría de los Derechos Humanos deberá encargarse de llevar un control del caso, para asegurarse del respeto de estos derechos.

Es natural que el caso despierte reacciones encontradas. Por eso es necesario indicar que la razón de Estados Unidos para haber solicitado la extradición no se relaciona con el apropiamiento indebido e ilegal de fondos del Estado guatemalteco, sino se debe a que en territorio estadounidense fueron realizadas acciones delictivas que por ello deben ser llevadas a los tribunales.

Es necesario aclarar esto porque los partidarios de Portillo pensarán que hay una injusticia, porque no es el único político ni expresidente guatemalteco que se ha enriquecido a la sombra de su cargo, y no han sido juzgados ni castigados. La diferencia es que quienes actuaron también así lo hicieron empleando mecanismos de corrupción que no involucraron a instituciones cuyas tareas se efectúan en territorio estadounidense.

La decisión de la CC cierra un importante capítulo del caso Portillo, que se desarrolló en Guatemala y en México, adonde el exgobernante huyó y se mantuvo por tres años, hasta ser deportado. Por aparte, el máximo órgano constitucional confirma el fallo de la Corte Suprema de Justicia que a su vez había respaldado al tribunal que declaró procedente la extradición.

Este caso es una lección para los políticos guatemaltecos, en demasiados casos culpables de corrupción, como es el caso de Jorge Serrano, por mencionar uno de los más grotescos. La corrupción de Portillo y de sus principales allegados también fue clara y evidente. En ese sentido, la lección antes mencionada también alcanza a la sociedad guatemalteca, acostumbrada a tolerar el enriquecimiento ilícito y a estar segura de que la ley no puede hacer nada.

Portillo no puede merecer conmiseración. Con pleno conocimiento actuó ilegal e inmoralmente, y ahora debe enfrentar a un sistema de justicia en el cual es casi imposible obtener prebendas. La esperanza de los guatemaltecos se cifra en que otros políticos corruptos, dentro de poco tiempo deban enfrentar a la justicia cuando conviertan al ejercicio de un cargo para el cual fueron electos en un pretexto para el pillaje.

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