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08/11/12 - 00:00 Opinión

IDEAS

¿El fin de la corrupción?

La semana pasada finalmente se aprobó en el Congreso la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito, denominada por muchos “ley anticorrupción”. ¿Será este el principio del fin de la corrupción o simplemente será un elemento más de toda la maraña de legislación que existe en Guatemala y que nadie cumple? He allí la pregunta del millón. Yo considero que si realmente se quiere reducir la corrupción —eliminarla es imposible— lo que se debe atacar es el sistema que la permite y fomenta, y no solamente ocuparnos de las consecuencias.

JORGE JACOBS A.

 El énfasis debiera ser en reducir las posibilidades de actuación discrecional de los funcionarios públicos, que es en donde se cultiva la semilla de la corrupción. Mientras los funcionarios públicos puedan utilizar esa discrecionalidad para decidir quién se beneficia de contratos “gubernamentales”, quién puede realizar una actividad lucrativa y quién no, mientras puedan discrecionalmente impedir u obstaculizar la labor productiva de alguien, existirá el incentivo para beneficiarse personalmente de esa discrecionalidad, vendiéndola al mejor postor o extorsionando a sus potenciales víctimas.

La aprobación de la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito es un buen paso, pero debemos entender que está enfocada en las consecuencias, en el después de la corrupción y no en sus causas. Teniendo esto claro ¿será el elemento crucial para reducir la corrupción?

Algunos argumentan que las penas propuestas por la ley son muy bajas y que, por tanto, difícilmente desincentivarán la corrupción. Yo considero que más importante que la severidad del castigo es la certeza del mismo. De nada serviría que se pusieran penas tan severas como en algunos países del oriente, donde la corrupción —en los niveles bajos, hago la salvedad— es penada con la muerte, si a nadie se le aplica.

Tiene mucho más efecto disuasivo el que poco a poco se denuncie, investigue, persiga, capture, enjuicie y condene a aquellas personas que ilegítimamente se apropien de los fondos de los tributarios, aunque sea mediante condenas menores y con multas bajas, a que las penas sean severas, pero nunca se persigan. Por supuesto que sería mejor que la ley estableciera, además de las multas, la obligatoriedad de devolver lo robado, pero por algo se empieza y esta puede muy bien ser una reforma futura que se le haga a la ley.

Lo que nos debe ocupar ahora es velar y presionar a las instituciones responsables, a saber, la Contraloría General de Cuentas, la IVE, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, para que realicen su trabajo y persigan a quienes estén involucrados en la corrupción.

Lo importante ahora es que la ciudadanía, que tan pendiente estuvo de que se aprobara esta legislación, lo esté todavía más en cuanto a su aplicación. La aprobación es solo el primer paso, por largo que haya sido, en la batalla contra el monstruo de mil cabezas que es la corrupción. Debemos estar claros que al igual que los diputados necesitaron muchos años de presión para finalmente aprobar esta legislación, los funcionarios públicos encargados de hacerla valer muy probablemente tampoco lo harán si no es bajo la presión de la opinión pública. ¿Estamos dispuestos a ejercerla?

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