Prensa Libre

Es necesario decir, sin embargo, que al funcionario en entredicho en tanto no le sean probados los cargos por los cuales se le ha impedido obtener la citada solvencia, es inocente y no se le debería descalificar a priori.

La situación sin embargo cobra relativa relevancia, no por el historial del doctor Villavicencio —a quien dicho sea de paso, no conozco, ni de lejos— sino porque la salud pública es una rama de la Administración que vive inmersa en problemas.

El ministro de Salud Pública del Gobierno anterior era casi detestado —con razón o sin ella— por el personal de los centros de asistencia social del Estado y por miembros del Colegio de Médicos y Cirujanos. A tal punto que el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública efectuó una marcha pública en la que le exigía renunciar, sin haberlo logrado.

Pero, fuera de eso, algunas veces ha rondado sobre ese ministerio la sombra de que es un instrumento de ciertas empresas vendedoras de medicinas que son adquiridas por instituciones públicas. Lo cual indica que esa cartera, a menos que se haga un estudio a fondo de todo lo relacionado con esos negocios, seguirá siendo fuente de conflictos.

No es ese, desde luego, el presente caso. No hay compra de medicinas de por medio.

Lo razonable entonces es esperar que la Contraloría General de Cuentas diga la palabra final en cuanto al otorgamiento de la solvencia que la ley exige.

En los países republicanos los ministerios —más que quienes los dirigen— tienen mucha importancia porque les corresponde el desarrollo de políticas públicas en sus respectivas ramas de la Administración: Defensa Nacional, Gobernación, Exteriores, Agricultura, Comunicaciones, Educación, Cultura, Salud y otras carteras más.

Y a diferencia de lo que sucede con otras Constituciones políticas, la de Guatemala señala detalladamente las funciones de los ministros, les ordena velar por los intereses de toda la población guatemalteca y los hace solidariamente responsables de las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros salvo que hayan hecho constar sus votos adversos.

También contempla la Constitución varias prohibiciones para ser ministro de Estado: cuando el aspirante ha sido condenado en juicio de cuentas y no ha “solventado” sus responsabilidades; los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado; quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos, y los ministros de cualquier culto.

Todo ministro, además, está obligado a presentar anualmente al Congreso de la República, en los primeros diez días de febrero, la memoria de las actividades en su ramo, la cual deberá contener, además, un informe sobre la ejecución presupuestaria.

Otra de sus obligaciones es presentarse ante el Congreso y responder las preguntas que los diputados le hagan, de acuerdo a las normas sobre el derecho de interpelación.

La situación del doctor Villavicencio será resuelta en cuestión de días. Pero, en todo caso, bueno es recordar que las renuncias o destituciones de ministros forman parte del trabajo normal de administrar un país. Véase lo que ha sucedido en Costa Rica, el país democrático por excelencia: en dos años han renunciado catorce ministros, el último hace dos días, y en el Perú renunciaron esta semana los poderosos ministros de la Defensa y del Interior. Así que lo de aquí no es nada. Los ministros pasan. Los ministerios quedan.