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20/07/13 - 00:00 Opinión

ALEPH

Una gran familia

Yo entiendo que una familia es el lugar donde circulan el amor, los afectos, el respeto, la alegría y la confianza. Pero muchas veces he sentido que en Guatemala, la imagen de familia, el apellido y la casta pesan más y son más importantes que lo que realmente importa. Llevar la misma sangre puede justificarlo todo: desde perdonar al padre o al abuelo que violaron a la niña de la casa, hasta encubrir asesinatos y crímenes de gran magnitud. La familia antes que todo, y eso incluye a la familia “extendida”,

CAROLINA ESCOBAR SARTI

esa que considera como del mismo linaje a compadres políticos, empresariales, o de cualquier índole. Los que terminan tapándose con la misma chamarra. En el caso de Cristina Siekavizza, por ejemplo, el padre y la madre de Roberto Barreda, el supuesto asesino, ostentaron en el pasado cargos en las altas magistraturas del país. Eso permitió que, aunque la madre fue un corto tiempo a la cárcel por supuesta complicidad con el hijo, ahora esté libre. La sangre derramada de la nuera fue menos importante que la sangre entre esta exmagistrada y su hijo, y mucho menos importante que la justicia en un país donde la impunidad prevalece. Y como integrantes de esta buena familia, los compadres de profesión que la defendieron, en vez de recordar que todo abogado es por mandato un defensor público, terminaron encubriéndola.

Hace pocos días, este asunto de familias que ya es tan familiar para la ciudadanía guatemalteca tocó al presidente de la Cámara Penal. Su hijo, César Barrientos Aguirre, fue capturado en un operativo junto a diez personas más. Todos relacionados con la trata de personas. Trata de personas no es trata de blancas ni solo prostitución; la trata de personas siempre significa esclavitud, y esta va desde la esclavitud sexual hasta la explotación laboral de personas menores de edad, las adopciones ilegales, la servidumbre forzada, el reclutamiento de personas menores de edad en grupos como el crimen organizado, la mendicidad, la pornografía infantil, el turismo sexual, el matrimonio servil, la extracción de órganos, entre otros.

En este caso específico, el “abogado” capturado, de 41 años, no solo representó legalmente en algún momento a personas señaladas anteriormente por explotación sexual, sino que fue identificado por una de las víctimas como “cliente”. Juez y parte se diría en el ámbito jurídico y en el lenguaje popular. Y la historia vuelve a contarse desde el lugar de siempre en un país altamente tolerante a la esclavitud… según las investigaciones del Ministerio Público (MP), los acusados tenían un catálogo, como los de productos de limpieza o de belleza, solo que este era de adolescentes entre 14 y 17 años. Organizaban fiestas a las cuales llegaban personas “influyentes”, quienes, en un ambiente “familiar”, usaban a estas adolescentes que, además, eran “distribuidas” en fincas, hoteles y casas privadas, para uso de algunos clientes que pagaban por ellas desde 600 quetzales hasta dos mil.

Aquí alguien dirá que esto ha pasado toda la vida o que a todas ellas les gusta lo que les pasa. Empecemos por preguntarnos cómo las reclutaron: hombres jóvenes como ellas eran pagados para enamorarlas en distintos municipios y llevarlas hasta la red de trata. O distribuían volantes donde les ofrecían trabajos bien remunerados, lo cual sabe a gloria en muchas comunidades pobres del país. Esto no es normal y no hay que normalizarlo.

Esas adolescentes podrían estar en tantas otras partes, leyendo tantos libros, haciendo deporte, enamorándose de verdad, comiendo bien los tres tiempos de comida, estudiando, jugando, viendo una película, soñando con el futuro. Pero a veces parece que esta sociedad es como una gran familia, miserable y ciega, que se empecina en normalizar la esclavitud de quienes, algún día, a lo mejor serán las mujeres y madres de la Guatemala que queremos levantar.

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