Opinión

TIEMPO Y DESTINO

Guatemala un Estado cautivo

Luis Morales Chúa

Luis Morales Chúa

Una red delictiva no es perfecta si no llena los requisitos del código eljmpm (*), porque eso le es indispensable para sustituir el poder nacional y local de las autoridades, las cuales pasan, a partir de ser cooptadas, a servir coordinadamente a los intereses de la red. Así surge el Estado cautivo.

Esto ha sido explicado, hace tiempo, y actualizado ahora, por la Washington Office on Latin America (WOLA) una de las organizaciones que más se han interesado por analizar las variadas manifestaciones del crimen organizado, a nivel mundial.

WOLA pone sus reflectores sobre gobiernos latinoamericanos y sus relaciones con el crimen organizado y estos días se ocupa, con particular interés, de Guatemala por el reciente desmantelamiento de una red de defraudadores de aduanas integrada por funcionarios y empleados públicos y más de mil empresarios particulares que, a la fecha, han defraudado al Estado en unos trece mil millones de quetzales. La cantidad exacta no ha sido determinada. En todo caso es un cálculo oficial preliminar.

Esa red ha sido identificada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como La Línea. Y con pocos días de diferencia ha sido descubierta por el Ministerio Público otra red que “robó” al Congreso de la República ochenta y dos millones de quetzales. Y se deduce que en Guatemala funcionan otras redes como esas, con mayor capacidad de acción y mayor penetración, quizás, en las esferas oficiales.

El espectacular desmantelamiento de La Línea confirma el diagnostico hecho por WOLA, según el cual “Guatemala es un Estado cautivo del crimen organizado”.

Esas redes —afirma WOLA— ejercen decisiva influencia a través de diferentes tipos de relaciones con el aparato estatal. Algunas penetran profundamente, desde afuera, las instituciones públicas y este es el caso de los narcotraficantes en toda la región, de los grupos de secuestro y extorsión y otros grandes grupos de delincuentes. Otras se han organizado en el Estado mismo. “Este es el caso de Guatemala —añade WOLA— en donde, siguiendo un patrón común en todo el mundo, en sociedades posconflicto, los cuerpos armados ilegales, las fuerzas paramilitares y las estructuras clandestinas de seguridad que fueron establecidas como políticas contrainsurgentes, han experimentado una transformación, transmutándose en redes criminales organizadas. En otros casos terminan fundiéndose con redes delincuenciales externas como manera de adaptarse a circunstancias cambiantes”.

WOLA explica también la participación de ciertos jueces y magistrados latinoamericanos en la protección del crimen organizado, del cual forman parte, lo cual pone en entredicho una institución fundamental para alcanzar el perfecto Estado de Derecho.

En un informe especial sobre Guatemala publicado en octubre de 2007, durante el Gobierno de Oscar Berger, WOLA estudia en detalle las experiencias de Guatemala, El Salvador, Colombia y el Perú y termina con recomendaciones a los gobiernos, la sociedad civil, y la comunidad internacional. Les propone “una nueva perspectiva sobre el problema del crimen organizado en América Latina. En lugar de verlo como un asunto que requiere una respuesta meramente policial, (se debe considerar) que ha pasado a ser en algunos países una amenaza fundamental a la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Las estructuras ilícitas pueden llegar a penetrar el Estado tan totalmente que este deja de representar los intereses de los ciudadanos y, en cambio, asume la representación de los intereses de los grupos criminales”.

Por ello, sin duda, apoyó fuertemente la prórroga de la permanencia de la CICIG.

(*)eljmpm (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Municipalidades)