Tanto la opinión pública nacional como la internacional, desde hace varios años señalan que uno de los factores que acrecen la impunidad en Guatemala es la deficiente administración de justicia y, por lo tanto, el Estado de Derecho flaquea en uno de sus pilares fundamentales; línea de pensamiento compartida por los medios de comunicación social y los juristas especializados en cuestiones jurídicas y tribunalicias.

La opinión pública local da testimonio de que una parte profunda del crimen está enraizada en determinados rincones del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y sus dependencias.

Esta situación puede ser apreciada en los casos de dos presidentes del Congreso que han sido sentados en el banquillo de los acusados; dos presidentes de la República procesados penalmente; dos exprocuradores generales de la Nación y ocho diputados señalados por sospecha de que han participado en hechos ilícitos.

El Organismo Judicial no escapa a esa situación. Una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia ha sido procesada por su relación en hechos posteriores a la comisión de un asesinato atribuido a uno de sus hijos. Y estos días un magistrado de esa Corte está a punto de ser procesado penalmente. Súmese a eso los de dos magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, envueltos en escándalos por la participación en hechos delictivos que les atribuye el Ministerio Público; sin dejar de mencionar a centenares de policías dados de baja por ser malhechores o estar implicados en el crimen organizado.

Todo eso pone en evidencia que en Guatemala la corrupción no tiene límites. Ha penetrado hondo en las competencias de los tres poderes del Estado; situación inocultable que trasciende fronteras. En efecto, los días 26, 27, 28 y 29, de enero de 2009, pongo como ejemplo, visitó la ciudad capital y Quetzaltenango Leandro Despouy, relator especial de las Naciones Unidas para examinar la independencia de jueces y magistrados de Guatemala. Entre sus conclusiones dice que “existe un clima de impunidad generalizado, con notorias deficiencias del sistema de justicia, provenientes principalmente de factores estructurales y de la presión ejercida sobre los operadores de justicia”.

Por eso y por más que se queda en el tintero, es bien vista la iniciativa divulgada estos días consistente en un acuerdo de voluntades entre los tres organismos del Estado para reformar el sistema judicial de nuestro país; propósito apoyado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos; lo cual crea, quizás, una oportunidad única, oportuna y necesaria para mejorar las condiciones de administración de justicia.

Y hay que tener mucha claridad en dos elementos del plausible propósito. Uno es la reforma judicial, en sentido estricto. Otro, la calidad de los jueces y magistrados. El primero comprende entre otras cosas la forma de elegirlos. En el segundo está inmersa la calidad individual de los magistrados y jueces. Nunca debería acceder a la magistratura un alcohólico, ni los que evidentemente transan con los criminales.

Loa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, ha expresado en uno de sus informes que constató “serias deficiencias que aún aquejan al Poder Judicial. Entre los problemas más graves se encuentran la impunidad estructural que comprende tanto las violaciones de derechos humanos del pasado como las conductas punibles del presente, la insuficiencia de recursos, los escasos avances en la modernización de la justicia, la deficiente capacitación de jueces y operadores de justicia, la falta de independencia e imparcialidad de algunos jueces, la politización de la justicia, las presiones de diversa índole sobre jueces y operadores de justicia, la falta de acceso a la justicia por numerosos sectores de la sociedad, la falta de aplicación adecuada de una carrera judicial y la inestabilidad en el cargo que ello acarrea.

En otras palabras, hay necesidad de una reforma a fondo del sistema judicial.