Sobre el escenario nacional no dejan de acumularse las incongruencias. Por decir lo menos, esta es una forma de calificar las acciones que diversos sectores, principalmente el político, han evidenciado con sus reacciones hacia las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en contra de diversas expresiones criminales, pero sobre todo aquellas que están enquistadas en el Estado y que han aprovechado esa circunstancia para un inmoral tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Lejos de reconocer ese esfuerzo en contra de las mafias, se han producido lamentables expresiones que buscan descalificar esa labor y más bien los opositores a esos esfuerzos se han gastado millones de quetzales en erosionar la institucionalidad y a quienes encabezan la batalla en contra de la opacidad. Por eso irritan esas muestras de descontento hacia el MP y la Cicig, cuando avanzan en la vía correcta de lo que debería hacer un sistema en el que funcione el estado de Derecho.

Suenan extrañas e ilógicas las expresiones del líderes políticos y funcionarios de organismos del Estado que reclaman una supuesta independencia, porque hasta ahora solo han dado muestras de buscar que todo siga igual y que no se profundice en investigaciones sobre corrupción, y eso es lamentable, porque no es lo que se necesita. Ninguna nación puede avanzar si se pretende vivir de manera aislada y fomentando un sistema erosionado que enarbola el lado oscuro de una democracia.

Cuando la Corte Suprema de Justicia emite un comunicado en el que advierte de que no tolerará injerencias externas ni de ningún otro sector, lo cual no ha ocurrido, envía un mensaje hacia el sector equivocado, en su afán de pretender vender una imagen discutible de independencia. Guatemala tiene un historial de cooptación de las instituciones en las que la independencia es un espejismo, y eso ha servido para beneficiar a unos cuantos, principalmente a los gobernantes y políticos de turno. Pero los actuales magistrados pueden hacer mucho si cumplen con ese ofrecimiento.

Tampoco es cierto el discurso del candidato presidencial Manuel Baldizón cuando declara en la cadena de televisión CNN en Español que apoya a la Cicig, porque ha sido obvia su animadversión, como quedó de manifiesto con la reciente protesta organizada por allegados de su partido, Líder, frente a las oficinas de esa entidad. Afirmar que el comisionado Iván Velásquez ha emprendido una cruzada en contra de esa agrupación política es un absurdo que solo desenmascara aviesas intenciones.

Por suerte que en esa batalla en contra de la corrupción, el MP y la Cicig no están solos, porque han recibido suficientes muestras de respaldo, como lo acaba de manifestar el sector privado organizado que demandó profundizar en las investigaciones, o como también lo han expresado las iglesias y los medios de comunicación independientes, porque no cabe duda de que el país está en el umbral de una transformación determinante para sus habitantes. Pero para lograrlo se necesita menos descaro y un mínimo de responsabilidad por parte de funcionarios y políticos.