Prensa Libre

El mayor compromiso que tendrá ahora el Ejecutivo es hacer realidad muchas de las críticas que a lo largo de los últimos cuatro años les hicieron a los programas sociales de la anterior administración y que ahora pasarán a formar parte de la recién creada dependencia. Esto aplica principalmente a la certeza de la información de quiénes serán los beneficiados, algo que puede determinarse con un espíritu de verdadera solidaridad mediante un censo que abandone el clientelismo y busque llevar alivio a los sectores más necesitados del país.

En este detalle fue oportuna la participación de los diputados de los partidos Encuentro por Guatemala, Winaq, Unionista, Creo y otros independientes que, aglutinados en la “plataforma legislativa”, modificaron precisamente los tres artículos que tienen que ver con un transparente sistema de información sobre los beneficiarios de los programas sociales, la elaboración de mapas de pobreza y cobertura y, quizá lo más importante, que el Ejecutivo también tendrá que cumplir con la obligación de rendición de informes al Congreso.

Si se cumple al menos esta parte que los diputados independientes antepusieron a la creación de la nueva entidad, el país puede dar un paso importante en la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, algo que se ha logrado con experiencias exitosas en algunos de países de Latinoamérica, pero para ello se hace indispensable que el Gobierno cumpla con su tarea, que tampoco es complicada y que simplemente tiene que ver con la correcta ubicación de quienes más lo necesitan y que para ello no se antepongan intereses partidarios que echen a perder esta nueva oportunidad.

El manejo de casi Q1 mil 800 millones requiere responsabilidad, ya que en el anterior gobierno nunca se supo con meridiana claridad cuál era el monto asignado a algunos de los programas sociales, y a ello se sumaban transferencias constantes de otros ministerios, por lo que las críticas resultaban justificadas, ya que con ello se afectaba la labor de otras entidades y se incurría en un constante abuso de poder, lo cual ahora puede cambiar, aunque debe quedar claro que una administración transparente debe regir a todos los funcionarios.

De hecho, el reto de un responsable manejo de recursos no debe soslayarse, pues según una reciente encuesta de Guatevisión, existe mucha confianza en que este gobierno enfrente de manera efectiva la inseguridad, pero inquieta que un 60 por ciento de los entrevistados opine que fracasarán en el combate de la corrupción. Una percepción que preocupa y obliga a que los actuales funcionarios vean en ello el reto de superar ese escollo que ha marcado a los últimos gobernantes y que tiene hondas repercusiones en el desarrollo del país.