El lunes se presentó el proyecto de reforma constitucional por los tres presidentes de los organismos de Estado, una Secretaría Técnica a cargo del procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, con acompañamiento internacional, tendrán la misión de socializar la aspiración y asegurar el debate.

Ese mismo lunes se cumplió el primer aniversario de la gran manifestación para protestar contra los abusos y corrupción gubernamental. El caso La Línea se había puesto a la luz pública y el rechazo popular se sintió, la Plaza de la Constitución le hizo honor a su nombre. Ese mismo rechazo motivó el cambio de gobierno en el 2015 y es absurdo que todo esto pasara y no existiera un reflejo inequívoco para asegurar no caer en repetición.

Al firmarse los acuerdos de paz en 1996 se insistió en que la justicia (desconocida durante todo el enfrentamiento armado) era una de las piedras angulares para lograr la paz, la comisión respectiva de Fortalecimiento a la Justicia rindió un informe que en buena parte solo engalana anaqueles en alguna esquina del Palacio de Justicia porque las autoridades no quieren entrarle de fondo al tema. En aquel informe existía una clara conclusión que puede resumirse así: la justicia será fuerte si los jueces son independientes, se garantizará la convivencia pacífica si los jueces permanecen ajenos a las luchas de intereses que existen en cualquier sociedad.

Al promulgarse la Constitución, hace casi 31 años, se estableció un período para los magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones de seis años, en la Contra Reforma de 1993-1994 se achicó (contra toda lógica) ese plazo a cinco años y además se hizo una maniobra de 180 grados para que los magistrados de Corte de Apelaciones fueran propuestos al Congreso por una comisión de postulación, en vez de que por la propia Corte Suprema, como era el texto original.

Crear una comisión de postulación para brindar al Congreso un listado para que de este se elija a los magistrados de las cortes de Apelaciones y tribunales similares fue el germen que fermentó el sistema de integración de los puestos más altos de nuestro sistema judicial, politizó la Academia y se instituyó un complejo entramado de conflictos de interés que no fueron, ni por asomo, asumidos, sino por el contrario, se instalaron junto a nosotros.

Las comisiones de Postulación se convirtieron en la llave de la puerta del poder Judicial y así oscuros personajes han pretendido enquistar a sus aliados y cada vez más de forma pública se pierde cualquier noción de recato con el único objeto de lograr la mayor cantidad de cuadros afines en puestos judiciales.

La propuesta de reforma constitucional tiene mucho trecho por delante y habrá que discutir mucho sobre el tema, pero sin lugar a dudas es un documento que deberá ser de análisis profundo por la mayor cantidad de ciudadanos responsables, republicanos y democráticos.

El momento del país lo debemos leer y existe una bella oportunidad para modificar en forma sustantiva el sistema de justicia, solo con el hecho de que las comisiones de postulación queden desechadas y así enterradas en el Digesto es una brillante luz al final del túnel, porque el juez tiene asegurada su estabilidad y sobre todo su dignificación como artesano de la convivencia en armonía. El reto es crear un buen sistema de evaluación y disciplina.

La propuesta de reforma constitucional puede ser mejorada, pero hay un buen inicio y escribir palabras de esperanza en donde la vida es un lujo porque la justicia no es garante de paz es un sentimiento que debemos aprovechar y compartir.

@Alex_balsells