Las violaciones a los derechos de la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información no cesan en Guatemala. Son flagelos sociales que forman parte de la crisis política, social y económica atravesada por nuestro país. Es imposible dejar de lado las agresiones cometidas contra las personas dedicadas al periodismo y a la comunicación social responsable, que da cuenta de este sistema corrupto, injusto e impune.

De acuerdo al Centro Civitas, en lo que va del año se han presentado 74 denuncias en la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) y en las redes sociales. Sin olvidar que en marzo fueron asesinados de forma violenta tres periodistas en el departamento de Mazatenango, los crímenes continúan impunes.

Hay periodistas que han sido víctimas de secuestro y tortura por ejercer su derecho a investigar e informar. Es el caso del periodista comunitario Maya Poqomchi, Oswaldo Ical Jóm, trabajaba como corresponsal del Radio Periódico El Vocero de Utatlán y de la Corporación Radial del Norte. El 29 de agosto de 2014 fue secuestrado y torturado durante varias horas (10:30 a.m.- 16:00 p.m.) por integrantes del comité de seguridad local de la comunidad Santa María Cotoxac, Uspantán, Quiché.

A pesar del daño físico, emocional y psicológico que Ical Jóm vivió a manos de sus secuestradores y torturadores, se armó de valor y presentó la denuncia ante el Ministerio Público (Expediente 001-2014 82469). Por estos crímenes fueron capturados dos de los secuestradores, los hermanos Diego y Antonio Itzep López. El Ministerio Público los acusó de plagio o secuestro, tortura, amenazas e instigación a delinquir.

Para Oswaldo, buscar justicia y luchar contra la impunidad no ha sido fácil. En dos ocasiones se suspendieron las audiencias. Cuando por fin se realizó la audiencia, el juez Amarildo Morales, del Juzgado de Instancia Penal de Nebaj, Quiché, ligó a proceso a los acusados, pero cambió los delitos planteados por el MP por los ilícitos de detención ilegal y amenazas. Con este fallo, otorgó medida sustitutiva a los victimarios. Mientras que dejó expuesto al periodista comunitario agraviado al no garantizarle medidas de protección.

También rechazó las pruebas periciales presentadas, al argumentar que son impertinentes y no aceptó a los tres testigos aduciendo que la fiscalía del MP no proporcionó sus nombres y sus respectivos DPI. Esta argumentación es absurda porque el Código Procesal Penal otorga la facultad de proteger la identidad de los testigos.

Preocupa la parcialidad del juez Amarildo Morales porque pone en riesgo el esclarecimiento del crimen y niega a Oswaldo el derecho a la búsqueda de justicia y a una reparación digna.

El MP y el abogado Héctor Reyes de CALDH, quien se desempeña como querellante adhesivo impugnaron el dictamen del juez; solicitan que el caso sea debatido como plagio o secuestro y tortura, y que se acepten los medios de prueba que en su oportunidad fueron rechazados por el juez Morales. De momento, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché ha otorgado amparo provisional a Ical Jóm. Ojalá esta decisión acertada se convierta en un fallo definitivo.